La Audiencia de Cáceres condena a 11 años de inhabilitación a cinco alcaldes del Valle del Jerte por prevaricación

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado por un delito de prevaricación administrativa a 11 años de inhabilitación para el empleo o cargo público a los alcaldes de las localidades de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas durante el ejercicio de 2015 a 2019

La Sala considera como hechos probados que, en junio de 2014, se certificó la finalización de las obras de recuperación de zonas degradadas en la Comarca del Valle del Jerte, que consistieron en la clausura y recuperación de los vertederos de Tornavacas, Cabezuela del Valle, Rebollar, Navaconcejo y Cabrero, entre otros. 

A estos efectos, indica la sentencia, se remitió una carta a los alcaldes afectados, entre ellos los cinco acusados, haciéndoles saber su obligación de control y supervisión municipal para evitar nuevos depósitos en lugares que no están legalmente autorizados. 

A pesar de ello, señala la resolución, «los acusados procedieron a la apertura de zanjas destinadas al destrío de cerezas sobre las superficies recuperadas por el proyecto antes mencionado sin recabar ningún tipo de autorización o permiso». 

Hay tres alcaldes que mantienen el cargo

Entre los condenados, hay tres regidores que mantienen el cargo: el socialista José Antonio Recio en Tornavacas (1.200 habitantes); Félix Díaz, del PP, en Rebollar (213 vecinos) y María Fe Plata, del PSOE, que en la anterior legislatura fue alcaldesa en Cabrero (328 habitantes) y ahora desempeña esa función en Carcaboso.

Los otros regidores inhabilitados son el socialista Natalio Núñez, que fue regidor de Cabezuela del Valle (2.150 habitantes) y José Antonio Moreno (PP), que ocupó ese cargo en Navaconcejo (2.000). En un principio, la Fiscalía denunció a 15 municipios del Valle del Jerte, aunque la mayoría de los casos han sido archivados. El Ministerio Público solicitaba para los acusados 13 años de inhabilitación para cargo público.

Asimismo, ha quedado acreditado, señalan los hechos probados, que, durante el ejercicio como alcaldes de los acusados, permitieron durante un tiempo amplio estos vertidos y no adoptaron medida algunas que lo impidiese. 

En el caso de Rebollar, Cabrero y Tornavacas, los acusados «llegaron a estimular, con colocación de carteles y el dictado de bandos municipales, que los propios vecinos del pueblo o bien cualquier tercero interesado pudiesen arrojar residuos en las zonas recuperadas». 

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El PSOE y el PP descartan actuar contra los alcaldes del Jerte mientras la condena no sea firme.