Tal como anunció la citada asociación, esta es la segunda de las diversas denuncias que irá presentando a la OAAF sobre corrupción del gobierno y administración en materia sanitaria
- El SAS gasta 6.398 millones de euros en las nóminas de su personal sin tener ningún sistema de control que acredite la realización efectiva de sus jornadas ordinarias y extraordinarias (02.11.2023, EL LIBRE)
- Corrupción en el SAS con datos oficiales, mientras Moreno Bonilla y Catalina García cuentan milongas (segunda parte) (24.10.2023, EL LIBRE)
- Adscripciones ilegales de personal en el SAS, y Moreno Bonilla mira para otro lado (primera parte) (23.10.2023, EL LIBRE)
La asociación Justicia por la Sanidad denunció en 2020 parte de los hechos denunciados, y este diario ha publicado varios artículos respectos a los hechos denunciados, como los tres artículos indicados anteriormente.
Ante la pasividad del gobierno andaluz y su Administración con las denuncias publicadas, dicha asociación ha presentado una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), con el fin de que se investigue y se resuelva de forma que se exterioricen las infracciones cometidas y las responsabilidades de todos los órganos e instituciones que pudieran estar implicados.
En la denuncia se muestra la pasividad de los órganos de las consejerías competentes en materia sanitaria, de función pública y de hacienda, así como también del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Consejo de Gobierno andaluz, todos ellos con funciones legalmente atribuidas con relación a los hechos denunciados.
Entre otros, en la denuncia se han señalado como posibles responsables los siguientes: miembros anteriores y actuales del Consejo de Gobierno de Andalucía; Catalina García Carrasco (consejera de Salud y Consumo); Miguel Ángel Guzmán Ruiz (viceconsejero de Salud y Consumo); José Antonio Mulero Gómez (Subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios); Diego Agustín Vargas Ortega (Director Gerente del SAS); Carmen Bustamante Rueda (Directora General de Personal del SAS); José Antonio Nieto Ballesteros (consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública); Arturo Domínguez Fernández (Secretario General para la Administración Pública); Natalia Silvia Márquez García (Directora General de Recursos Humanos y Función Pública); Pablo Javier Sendra Arce (Jefe de la Inspección General de Servicios); Carolina España Reina (consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos); Enrique Rodríguez Varo (Secretario General de Presupuestos, Gastos y Financiación Europea); Eduardo León Lázaro (Director General de Presupuestos); María Antonia González Pavón (Interventora General de la Junta de Andalucía, IGJA); y Blanca María Pons Rodríguez (Directora de la División de Control del Gasto Sanitario de la IGJA).
Téngase en cuenta que la presumible responsabilidad del Consejo de Gobierno parece más que evidente, a la vista de los hechos denunciados y de las funciones atribuidas legalmente, tales como las siguientes: la dirección de la Administración; desarrollar las funciones ejecutivas y administrativas; la potestad reglamentaria para regular normativamente la selección de personal en el SAS; aprobar las directrices conforme a las cuales ejercerán su competencia en materia de personal los distintos órganos de la Administración; determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración cuando proceda la negociación con la representación sindical del personal funcionario de sus condiciones de empleo; establecer las condiciones de empleo para los casos en que no se produzca acuerdo en la negociación; establecer las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración en la negociación colectiva con el personal sujeto al Derecho Laboral; aprobar la relación de puestos de trabajo y aprobar la jornada de trabajo.
Los hechos denunciados y acreditados por la asociación Justicia por la Sanidad
La denuncia contiene numerosos hechos acreditados documentalmente, aunque la asociación ha solicitado a la OAAF la práctica de diversas pruebas documentales a las que no puede acceder dicha asociación, y que poseen o deberían poseer los órganos presuntamente implicados. En resumen, los hechos denunciados son los siguientes:
a) los numerosos casos de nepotismo, en los que se adscribe “a dedo” en los Servicios Centrales del SAS (SSCC del SAS) a personal estatutario, tanto sanitario como principalmente no sanitario (administrativo y otros), aunque ocupan puestos de trabajo en Hospitales, Centros de Atención Primaria, Distritos de Atención Primaria y Áreas de Gestión Sanitarias, cobrando sus nóminas por estos últimos.
La asociación deja claro en su denuncia que no se ponen en duda los posibles méritos que dicho personal pueda tener que, en cualquier caso, le son desconocidos, sino que se denuncia la ilegalidad del sistema de selección y asignación de este personal.
Estas asignaciones “a dedo” de personal estatutario en los SSCC del SAS se realizan sin el debido procedimiento sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, incumpliendo leyes como las de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Dicho procedimiento debe regularse en una norma reglamentaria, previa negociación con las organizaciones sindicales (UGT, CCOO y CSIF han silenciado este asunto). Sin embargo, a la luz de los hechos, resulta obvio que ni al gobierno andaluz ni a la consejería de Salud les ha interesado hacerlo, porque facilita la arbitrariedad y el enchufismo, sentando las bases para allanar el camino al resto de tipos de corrupción, pues el personal en esta situación ilegal sabe que puede ser “devuelto” al puesto que ocupa realmente si no obedece cualquier orden de un superior, un contexto conocido como efecto desaliento o intimidatorio (“chilling effect”).
Con esta actuación, se evita garantizar de forma efectiva los principios constitucionales o legales de objetividad y neutralidad con este personal, entre otros. De hecho, en los SSCC del SAS hay funcionarios de carrera que no tienen acceso a los sistemas de información sanitaria de Andalucía, resultando obvio el motivo: al ocupar puestos de las RPT de forma fija (inamovibles), no les afecta dicho efecto desaliento o intimidatorio. De esta forma tan arbitraria, los cargos públicos evitan que estos funcionarios puedan informar de forma contraria a los intereses partidistas del gobierno de turno.
Esta corrupción afecta negativamente al funcionamiento de los SSCC del SAS y de sus centros periféricos, así como a la asistencia sanitaria que prestan, tal como ha indicado la asociación en su denuncia. Téngase en cuenta que este nepotismo produce, entre otros graves efectos, el de restar personal de los centros sanitarios y directivos, donde tanta falta hace, que además se cubre con más personal temporal, aumentando el gasto de los centros afectados. Y aunque esta corrupción fue puesta de manifiesto por la Cámara de Cuentas de Andalucía en un Informe publicado en 2017, los hechos denunciados a la OAAF acreditan que se ha agravado el problema.
b) la ausencia de sistemas de control de los horarios y jornadas (picajes u otros) del personal del SAS, incluidos sus directivos. Esta ausencia evita que pueda acreditarse la realización efectiva de la jornada, ordinaria y extraordinaria, del personal directivo, estatutario, funcionario y laboral del SAS, ya sea en los centros sanitarios y directivos o en sus Servicios Centrales, lo cual facilita el fraude en las nóminas de dicho personal con miles de millones de euros en juego. Igualmente impide la aplicación efectiva del régimen disciplinario previsto en la citada Ley del Estatuto Marco del personal estatutario, en la Ley de Función Pública de Andalucía y Leyes de Transparencia estatal y autonómica (desde 2013 y 2014, sigue pendiente el desarrollo del régimen disciplinario de los altos cargos previstas en las leyes de Transparencia, respectivamente).
En 2022, el gasto del capítulo 1 (gasto de personal) del SAS ascendió a 6.398 millones de euros, según la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, elaborada por la Intervención General de la Junta de Andalucía. Para el proyecto de presupuestos para 2024 se han previsto 6.665 millones de euros en dicho capítulo I.
Con relación a dicha ausencia de sistemas de control horario, la asociación remarca que son muchos los ciudadanos que se quejan de ver centros de salud o servicios hospitalarios a determinadas horas sin personal, “vacíos”, junto a unas listas de espera más que alarmantes. ¿Por qué no actúan los órganos competentes en base a sus funciones atribuidas legalmente? La dejación de funciones podría suponer la comisión de infracciones, tanto administrativas, contables o penales, en su caso.
¿Cómo puede asumir la IGJA que se paguen 6.398 millones de euros sin poder controlarse si el personal realiza efectivamente su jornada ordinaria y extraordinaria? Quienes hayan certificado la realización efectiva de las jornadas en los hospitales, distritos de atención primaria, centros de salud, etc., ¿lo han hecho “a ciegas” sin poder comprobarlo con un sistema de control que lo acreditase?
Obviamente, si el SAS no establece sistemas de control de horarios, está posibilitando el fraude en las nóminas e impidiendo la aplicación del régimen disciplinario establecido en la citada Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario, dada la imposibilidad de acreditar la efectiva realización de la jornada en el centro de trabajo correspondiente por dicho personal, sea sanitario o no (administrativo, etc.).
¿Cómo actuará la OAAF a la vista de los hechos denunciados y sus posibles responsables?
Los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía no se merecen esta ausencia de control y dirección por parte del Consejo de Gobierno andaluz (su responsabilidad es evidente, dado que dirige la Administración) y de la Administración sanitaria andaluza, y más constatando el estado deplorable de la sanidad pública en Andalucía (véase la lista de artículos publicados por este diario). Asimismo, el nepotismo es corrupción, esté o no contemplado en el Código Penal, y sienta las bases para poder perpetrar con mayor facilidad el resto de tipos de corrupción en las Administraciones Públicas y en las entidades vinculadas a ellas, en su caso.
El éxito de la denuncia va a depender de las actuaciones que realice la OAAF durante la investigación y de su voluntad de determinar los responsables. Si solicita las pruebas documentales que la asociación ha indicado en su denuncia, a añadir a las presentadas con la propia denuncia, podría destaparse un notable fraude, permitido o cometido desde hace muchos años por el gobierno y la Administración de Andalucía.
La ocultación de dicho fraude o corrupción parece haber interesado a todos los partidos políticos por motivos espurios, dado que ninguno lo ha denunciado ni ha adoptado las iniciativas necesarias para corregirlo, lo cual es bastante habitual en nuestra dañina partidocracia instituida en 1978 con la mal llamada “constitución”. ¿Qué hará la OAAF ante la gravedad de los hechos denunciados? La asociación Justicia por la Sanidad, con miles de socios, vigilará los pasos que siga y publicará cualquier acción u omisión de la OAAF que considere anómala, dado que ya tiene conocimiento de lo ocurrido con otros denunciantes de corrupción política.
Amigo Luis, con tu ayuda la sanidad podrá venir a mejor. En cuanto a la oficina antifraude, ya nos contarás los resultados, q no creo sean de tu gusto. En breve conoceremos lo q piensa y como actúa respecto de la corrupcion mas que demostrada del director económico administrativo en el A.G.S.O. Un saludo y adelante.