AUPA ha difundido un comunicado en el que muestran su «firme rechazo a la estrategia de privatización del sistema universitario andaluz puesta en marcha por la Junta de Andalucía». La inminente autorización para la implantación de una universidad privada con sede en Madrid en la comunidad autónoma andaluza abre la puerta a «una nueva y alarmante fase en esa estrategia de privatización» del derecho a la educación superior en Andalucía
La trayectoria política sobre esta cuestión es muy clarificadora. Con el actual gobierno autonómico, se ha pasado de una a cinco universidades privadas en tan solo dos años. Y ahora habría que sumar a las anteriores una sexta entidad privada, foránea en este caso, la Universidad Pontificia Comillas, para impartir enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla).
Esta nueva vía para «la privatización exprés» del sistema universitario andaluz sienta un preocupante precedente, que puede acabar desembocando en que los centros adscritos que hay en Andalucía, actualmente sujetos a la legislación andaluza y bajo el control académico y económico del sistema universitario público andaluz, se conviertan en meras franquicias de universidades privadas ajenas a la comunidad autónoma presidida por Juanma Moreno Bonilla. En definitiva, «es una forma de que lleguen nuevas universidades privadas sin ni siquiera tener que pasar por el preceptivo control del Parlamento de Andalucía», denuncia AUPA.
Además, la propuesta responde a «una política de hechos consumados a todas luces indefendible, ya que esta decisión se nos ha comunicado a las universidades públicas solo con escasos días de antelación respecto a la convocatoria de la sesión de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en la que debe analizarse la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno, cuando hemos conocido por el expediente que, ya en el mes de marzo, se cursó por la Universidad Pontificia Comillas la correspondiente solicitud de autorización».
Desde este momento, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía anticipa su voto en contra en el informe preceptivo que habrá de emitir la Comisión Académica del CAU mañana martes. «Un voto contra la competencia desleal y los privilegios otorgados a las universidades privadas», aseguran. Y, en definitiva, un voto a favor de la igualdad de oportunidades, la calidad de la enseñanza pública y la sociedad del conocimiento.
El comunicado está firmado por los 10 rectores de las universidades públicas de Andalucía: José Joaquín Céspedes Lorente (Universidad de Almería); Casimiro Mantell Serrano (Universidad de Cádiz); Manuel Torralbo Rodríguez (Universidad de Córdoba); Pedro Mercado Pacheco (Universidad de Granada); María Antonia Peña Guerrero (Universidad de Huelva); José Ignacio García Pérez (Universidad Internacional de Andalucía); Nicolás Ruiz Reyes (Universidad de Jaén); Juan Teodomiro López Navarrete (Universidad de Málaga); Francisco Oliva Blázquez (Universidad Pablo de Olavide); y Miguel Ángel Castro Arroyo (Universidad de Sevilla).
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