La huelga emprendida el pasado 24 de enero por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en demanda de una mejora salarial derivada de las «mayores funciones y responsabilidades atribuidas», había dejado en Andalucía hasta el pasado viernes 24 de marzo, antes de que este pasado lunes aceptasen la propuesta de mejora del Ministerio de Justicia, un total de 84.111 juicios y actuaciones suspendidas, así como 40.901 demandas pendientes de recibir curso, según las entidades convocantes
Este pasado lunes por la tarde, el 76 por ciento de los Letrados de la Administración de Justicia que participaron en la votación aprobaron aceptar la propuesta de mejora del ministerio, que supondría una subida salarial de 450 euros al mes en 2024.
El saldo de la convocatoria de huelga arroja, además, 117.001 escritos sin proveer, más de 180 millones de euros «inmovilizados» en los depósitos judiciales, unos 1.020 lanzamientos, embargos, desahucios y remociones de depósitos paralizados, 3.605 expedientes suspendidos en los registros civiles y más de 1,5 millones de actos de comunicación sin practicar, siempre según los convocantes, según los cuales, en los últimos días, el seguimiento del paro técnico alcanzaba el 77 por ciento, mientras el Ministerio de Justicia venía señalando datos bastante inferiores de participación.
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas» a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) por la Ley 13/2009, «e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que, según el colectivo, ha provocado un «insoportable desequilibrio«.
La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia señalaban como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales, «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial» de este colectivo a las últimas reformas procesales previstas en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Pero el Gobierno central aseguraba, por su parte, que, merced a dicho acuerdo de 2021, este colectivo veía el pasado mes de enero «un incremento de complementos de 206,87 euros» por persona.
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