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silvia maraver

Silvia Maraver, gerente de Faisem. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Salud

El TSJA condena a Faisem, fundación pública dependiente de la Consejería de Salud, por fraude en los procesos selectivos de personal

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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da la razón a la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía y declara en fraude unos procesos de selección de personal de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) que no garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad

El alto tribunal insta a Faisem, fundación pública dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, dirigida por Catalina García, a volver a convocar las plazas mediante un procedimiento que asegure los citados principios en el acceso al empleo público.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía se congratula por la sentencia del TSJA que condena a Faisem por fraude en unos procesos selectivos de personal «a medida», tal y como denunció esta organización sindical, y que puede afectar a una treintena de puestos de trabajo. De esta forma, la justicia da la razón a CCOO e insta a Faisem a volver a convocar las plazas a través de un procedimiento que garantice los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso al empleo público.

«Proceso de depuración de profesionales»

La gerencia de Faisem, nombrada por el Gobierno andaluz, comenzó en 2020 «un proceso de depuración de profesionales» que ocupaban cargos de responsabilidad en los centros de trabajo de esta fundación. Unos profesionales que, en su mayoría, habían conseguido la plaza mediante una oferta pública reglada por el convenio colectivo de la entidad. Incluso, tal y como tiene constancia CCOO, algunas de estas personas consiguieron, tras sentencia judicial, conservar su plaza, pero fueron trasladados de centro.

Posteriormente, en 2021, la nueva gerente de Faisem, Silvia Maraver, haciendo caso omiso al convenio colectivo y al proceso de selección acordado con la representación sindical desde 2011, elaboró un proceso de selección basado en la libre designación de altos cargos «para dar apariencia de legalidad a unos nombramientos arbitrarios» y cubrir así las plazas de los citados profesionales, según reza en la sentencia.


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