La Sala Civil y Penal se declara competente para investigar y juzgar el asunto dada su condición de aforado. También investigará a su socio. Los hechos denunciados podrían constituir un delito de fraude de subvenciones o estafa
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado abrir diligencias previas contra el parlamentario andaluz de Vox Francisco de Asís Serrano tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por un delito de fraude de subvenciones o, alternativamente, delito de estafa.
La Sala se declara igualmente competente para investigar al socio, que responde a las siglas de E. P., del diputado objeto de la querella pese a carecer de aforamiento «al apreciarse indivisibilidad de la causa, por cuanto en la querella se parte de una actuación orientada al mismo fin delictivo».
Comprobación «imprescindible»
En un auto emitido el pasado día 21 de julio, la Sala sostiene que «la documentación aportada hace imprescindible comprobar«, si, tal como se establece en la querella, el diputado y la otra persona investigada constituyeron una sociedad «con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes» con el fin de ser beneficiarios del apoyo financiero a la inversión industrial que el Ministerio de Industria convocó en marzo de 2016 «generando una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera y para servir de base para el importe de la ayuda solicitada (2.489.000 euros)».
Asimismo, la investigación judicial tratará de esclarecer «si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público».
Problemas reiterados con la justicia
Francisco Serrano, parlamentario andaluz, abogado y ex titular del Juzgado de Primera Instancia 1º 7 de Sevilla, ha tenido muchos problemas con la justicia en los últimos años. El Tribunal Constitucional anuló en 2016 la condena a 10 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por cambiar el turno de custodia de un menor para que pudiese participar en una procesión de la Semana Santa sevillana de 2010.
Además, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) denunció a principios de abril a Serrano y a su socio en el bufete Serrano Abogados de Sevilla, ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) “por ofertar sus servicios profesionales en plena pandemia para orientar jurídicamente a personal sanitario, miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pymes, autónomos y padres desempleados”.
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