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Inmigrantes recién llegados a Canarias (archivo). / EFE

Opinión

El silencio de la Unión Europea ante el problema inmigratorio

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Hasta ahora hemos comentado cómo la vía preventiva en la que están implicados tanto la Agencia Frontex como el CNI español tendrían que haberse anticipado y dado la voz de alarma de que un fenómeno de esa envergadura se estaba preparando lo que hubiera posibilitado otro tratamiento de la situación, al menos cara a la galería

Pero no haría honor a la verdad si no dejara en este momento expresa constancia de la profesionalidad, honradez y buen hacer de todo el personal que presta sus servicios en estos organismos que llevan el honor y el amor a la patria por bandera. Por el contario, tampoco haría honor a la verdad si no dijera, en este momento, que esta inacción o dejadez es única y exclusivamente responsabilidad de los políticos que dirigen dichos organismos. Es absolutamente incomprensible que, con los medios tecnológicos y humanos de que disponen para hacer su trabajo, este movimiento de pateras y cayucos les haya pasado desapercibido.

Podemos tratar ahora el problema desde su lado más humanitario y desde el punto de vista de la movilidad de la población. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. En dicho texto se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Pero la sensatez y la razón aconsejan que estos derechos habrá que articularlos de tal manera que se produzca una suerte de equilibrio entre los intereses de ambas partes; los que llegan y los que están en su casa, en su terreno, en su país y a los que el Estado está obligado a prestarle, entre otras cosas, seguridad. En este caso concreto da la impresión, al ver las imágenes que nos muestra los medios, de que estemos ante una invasión si bien no hay armas a la vista.

Una constante de los seres humanos a lo largo de la historia es que siempre se han desplazado de un lugar a otro buscando nuevas fuentes de recursos que le posibilitaran una mejor calidad de vida. En este orden de cosas, hay que distinguir entre un desplazamiento temporal, que supone un movimiento desde un punto de origen a otro de destino y que son de corta duración y no suponen cambio de actividad, no producen desequilibrio entre las áreas emisoras y receptoras; y un movimiento migratorio que, además, entraña un cambio de residencia. Por lo que respecta a las causas que las originan, son múltiples y variadas. En la mayoría de los casos son razones de índole económica y también es muy importante que la política migratoria del país de recepción sea más aperturista o restrictiva.

Problemas variados

Esta afluencia masiva de inmigrantes genera variados problemas como pueden ser los de adaptación al tener culturas y costumbres diferentes. Es una población joven con tasas de reproducción elevadas, problemas de tipo sanitario, educacionales y de vivienda, de inseguridad en nuestras calles y de distorsión del mercado laboral, ya que, al no haber trabajo que pueda acoger tanta mano de obra, se incita a las malas prácticas de subcontratación o subempleo, eso para los que tengan esa suerte. Es muy llamativo que un porcentaje muy alto de estas personas que están entrando sean varones muy jóvenes.

Sorprende mucho que en plena pandemia, cuando está muy restringida (cuando no prohibida) la posibilidad de desplazamiento entre los distintos países de nuestro entorno, concretamente en el caso de Canarias (su industria gira en torno al turismo) no pueda recibir turistas y, por el contrario, esté entrando una cifra que se está acercando a las 20.000 personas y que estén soltando sin control a grupos de ellos, porque los centros de acogida están saturados.

Situación de difícil solución

Las autoridades alegan que no se puede retener a una persona sin causa justificada. ¿Qué van a hacer esas criaturas todo el día deambulando sin recursos económicos para subsistir? ¿Quiere que se lo diga o no hace falta? ¿Qué efectos perniciosos para la imagen exterior de Canarias va a suponer alojar en urbanizaciones a este flujo de personas? ¿Las autoridades han realizado un estudio serio de los costes-beneficios que esta medida va a tener? ¿Cómo sabemos si no entran delincuentes con antecedentes penales en origen, traficantes de drogas, yihadistas, etcétera?

Parece que el país vecino recurre a este fenómeno como arma política para obtener cuantiosas partidas económicas a cambio de cerrar el grifo. Pero es que estamos ante un problema que afecta a la Unión Europea en su conjunto. Hace poco tiempo, hemos visto cómo, ante la emergencia de la guerra de Siria, los países han negociado cupos y se han ido ubicando a estas personas en distintos enclaves. Sin lugar a dudas, el tema es muy complicado, pero dudo mucho de que la solución pase por alojarlos en hoteles de 3 y 4 estrellas con todos los gastos pagados e incluso con una pequeña asignación para gastos varios. Todos vienen con móviles y conexión a internet, con lo que el envío de vídeos a sus familiares y amigos es inminente. El efecto llamada está servido, eso sin contar con que incluso la salida pueda estar incentivada por las propias autoridades marroquíes.


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