Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes al exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes por su presunta implicación en el denominado caso Mediador, operación antifraude que investiga la gestión de ayudas a productores alimentarios y por el que se encontraba como investigado
La detención del que fuera diputado socialista en el Congreso de los Diputados hasta hace unos días se ha producido en el marco del registro de su domicilio, en la isla de Fuerteventura. Fuentes fue director general de Ganadería al comienzo del mandato del actual Gobierno canario y lo relevó en el cargo su sobrino Taishet Fuentes, que también se encuentra presuntamente implicado en este caso.
La investigación sobre los hechos por los que se le ha detenido la lidera el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada e incondicional para el general de la Guardia Civil retirado que estuvo al frente de la Comandancia de Las Palmas, Francisco Javier Espinosa Navas, por su presunta relación en dicho caso.
Asimismo, entre las personas a las que se les ha tomado declaración está el sobrino de Juan Bernardo Fuentes, el exdirector general de Ganadería de Canarias y candidato del PSOE a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura), Taishet Fuentes, que quedó en libertad con la obligación de comunicar cambio de residencia.
Con el exdiputado, que según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) pasará a disposición judicial el próximo miércoles, los detenidos en el caso Mediador ascienden a 13. Todos ellos están investigados por cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la investigación, los presuntos delitos que se le imputan a los detenidos se circunscriben a los años 2020 y 2021, cuando el general retirado estaba al frente del proyecto GAR-SI Sahel, encargado de la formación de gendarmes en países de África Occidental y, por tanto, sin dependencia directa de la estructura orgánica de la Guardia Civil.
Se les señala por la posible extorsión a empresarios del sector en cuestión, particularmente relacionados con quesos y productos lácteos, en relación con el presunto cobro de comisiones a cambio de no realizar inspecciones, así como para no bloquear subvenciones procedentes de la Unión Europea, además del supuesto cobro de comisiones a firmas foráneas para acogerse a los beneficios fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC).
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