El fiscal del Tribunal Supremo Fernando Prieto ha dejado clara esta mañana la trama ilegal que supusieron los ERE en la Junta de Andalucía en las conclusiones del recurso de casación interpuesto por la representación legal de los condenados
«Los convenios se limitaban a señalar el importe a pagar y el destino de la subvención y se añadía: La documentación acreditativa obra en poder de la Dirección General de Trabajo y queda conforme con la misma. No ponía más. Es decir, que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posteriormente Agencia IDEA) no solo hacía como caja pagadora sino que hacía un pago a ciegas, sin ningún tipo de documentación. No se puede firmar un convenio cuando no tiene ningún requisito del procedimiento administrativo«, puso de relieve Prieto.
El fiscal del Supremo da un detalle clave: «Los técnicos de la Junta, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la exasesora de Empleo María José Rofa coinciden en señalar que eso era un caos, que no había ningún tipo de documentación, que no se había regulado nada, que no había prácticamente ninguna resolución. Sin la indebida presupuestación, no se hubiera eludido la fase de fiscalización previa necesaria para ello. Además, este convenio marco no fue objeto de informe por parte del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía».
Se vieron beneficiadas unas 77 empresas con este sistema (unos 5.000 trabajadores). Hubo 5.883 expedientes de regulación de empleo, afectando a un total de 71.671 trabajadores. Indudablemente, «si no hay ningún tipo de base reguladora ni publicidad ni ningún tipo de conocimiento de esto es inviable que cualquier peticionario pudiera acceder a las ayudas. Estaban en un limbo, porque los expedientes no estaban en el sistema informático Júpiter de la Junta».
Pagos cruzados
«Como dijo el propio Guerrero Benítez, el propio convenio dilataba más la concesión de las ayudas hasta el punto de que se empezó con los pagos cruzados, porque la Agencia IDEA tardaba mucho», añadió Prieto.
Sin la colaboración del Instituto de Fomento de Andalucía (posteriormente Agencia IDEA), «era inviable que este sistema hubiera funcionado». Sin la firma de los convenios ni pasar por el Consejo Rector, no se podían haber concedido las ayudas. «Y no olvidemos que en el Consejo Rector del Instituto no solo estaban los dirigentes de Empleo e Innovación, sino que también estaban cualificados representantes de la Consejería de Economía y Hacienda: el secretario general de Economía, la viceconsejera, el director de Fondos Europeos, el letrado adscrito al gabinete de la Junta… que no podían soslayar las ilegalidades que se derivaban de la forma en la que se consiguieron las subvenciones», agregó el fiscal.
Asimismo, Fernando Prieto aportó otro dato relevante: «Fue conocido por el Consejo Rector, y nada se hizo al respecto, que había un desfase presupuestario de 38 millones de euros. ¿Y por qué? Pues porque por parte de la Dirección General de Trabajo se asumió compromisos por encima de la cobertura presupuestaria, lo cual no es viable según la Ley de Hacienda Pública. Entonces, lo que se hizo fue aumentar ficticiamente la partida de otros gastos de explotación».
«Eran conscientes de lo que estaba sucediendo»
El fiscal realiza un postulado cristalino: «Solo cabe una conclusión: todos ellos eran conscientes de lo que estaba sucediendo y eran conscientes de que esa partida no era correcta ni adecuada. Desde 2001 hasta 2009 ya se les había advertido al consejero de Empleo y al de Hacienda que el IFA no podía funcionar como entidad colaboradora y que el procedimiento era ilegal. Este informe adicional llega a los tres consejeros (Innovación, Empleo y Hacienda) en 2005. Pues bien, todos ellos dicen que no les llegó ese informe. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a la ciudadanía? Son patentes irregularidades, porque no se aportan declaraciones responsables ni consta solicitud ni presupuesto desglosado ni se acredita la personalidad de las entidades solicitantes; no se aportan razones de interés social; no consta la autorización de las concesiones por parte del Consejo de Gobierno en razón a las cuantías (de obligado cumplimiento); se ha omitido la fiscalización previa…».
«No es una simple indicación, son patentes ilegalidades en la concesión de las ayudas. Se ha prescindido del procedimiento administrativo. Porque el desfase presupuestario se seguía produciendo año tras año por asunción de coberturas por encima del límite presupuestario, lo cual está prohibido por la Ley General de Hacienda. Lo que está claro es que las pruebas indican que esto es un quebranto claro de las arcas públicas y no existe ningún tipo de justificación», apostilló Prieto.
Rafael Escobar: «Los cargos que desempeñaban eran estratégicos para la malversación»
Por su parte, el fiscal Rafael Escobar se detuvo en la malversación, argumentando que queda probada en todo el proceso judicial: «Las funciones de los cargos o puestos que desempeñaban eran tan estratégicos para que la malversación continuara hasta el final que podían haberse apartado de ella viendo que no era legal (voluntad discorde de los partícipes) y no lo hicieron». «Todos ellos posibilitaron que se siguiera reproduciendo el mecanismo descrito año tras año», concluyó.
Tanto estos dos fiscales como el abogado del Partido Popular, personado como acusación particular, piden que se mantengan íntegras las penas fijadas en sentencia no firme.
La sentencia del caso ERE, la mayor trama de corrupción de la historia de Andalucía, se hizo pública el 19 de noviembre de 2019, 11 meses después de la finalización del juicio. La instrucción arrancó en 2009 e investigó el presunto desvío sin control de 680 millones de fondos públicos. Los dos únicos absueltos fueron Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta (2000-2010), y Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico (2001-2008). A falta de la resolución del recurso interpuesto en el Supremo -que ya ha adelantado que no será antes de las Elecciones Autonómicas de Andalucía para no influir en los votantes-, estos son los condenados y las penas que afrontan:
José Antonio Griñán | Seis años de prisión
Expresidente de la Junta (2009-2013) y exconsejero andaluz de Economía y Hacienda (2004-2009). Condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación en concurso con malversación.
Juan Márquez | Siete años de prisión y 18 de inhabilitación
Ex director general de Trabajo (2008-2010). Condenado a siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Manuel Chaves | Nueve años de inhabilitación
Expresidente de la Junta de Andalucía (1990-2009). Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Gaspar Zarrías | Nueve años de inhabilitación
Exconsejero de Presidencia (1996-2009). Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Magdalena Álvarez | Nueve años de inhabilitación
Exconsejera de Economía y Hacienda (1994-2004). Condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
José Antonio Viera | Siete años de prisión
Exconsejero de Empleo (2000-2004). Condenado a siete años de cárcel y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Antonio Fernández | Siete años y 11 meses de prisión
Exdirector de Empleo (2004-2010). Condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por 19 años, seis meses y un día por malversación y prevaricación.
Francisco Vallejo | Siete años de prisión y 18 de inhabilitación
Exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa (2004-2009). Condenado por siete años siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 18 años y un día.
Carmen Martínez Aguayo | Seis años de prisión y 15 de inhabilitación
Exconsejera de Hacienda y Administraciones Públicas (2009-2013). Condenada a seis años y dos días de prisión y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación.
Francisco Javier Guerrero | Siete años y 11 meses de prisión
Exdirector general de Trabajo (1999-2008), ya fallecido. Condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación y malversación.
José Salgueiro | Nueve años de inhabilitación
Exconsejero de Hacienda (2004) y exviceconsejero de Hacienda (1990-2004). Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Antonio Vicente Lozano | Nueve años de inhabilitación
Ex director general de Presupuestos (2002-2009). Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Agustín Barberá | Siete años de cárcel y 18 de inhabilitación
Exviceconsejero de Empleo (2004-2010). Condenado a siete años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Jesús María Rodríguez | Seis años de prisión y 15 de inhabilitación
Exviceconsejero de Innovación (2005-2010) y exvicepresidente de la agencia IFA-IDEA (2005-2008). Condenado a seis años y dos días de prisión y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Miguel Ángel Serrano | Seis años y medio de prisión y 17 de inhabilitación
Exdirector de la agencia IFA-IDEA (2004-2008). Condenado a seis años, seis meses y un día de prisión y 17 años y un día de inhabilitación por prevaricación y malversación. El Gobierno de PP y Ciudadanos le mantiene trabajando, con un cargo de responsabilidad, en la Agencia IDEA.
Jacinto Cañete | Ocho años y medio de inhabilitación
Exdirector de la agencia IFA-IDEA (2008-2009). Condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Juan Francisco Sánchez | Nueve años de inhabilitación
Exsecretario general técnico de Trabajo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010); y exdirector de Administración y Finanzas de la agencia IFA-IDEA (2010-2012). Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Javier Aguado | Nueve años de inhabilitación
Exsecretario general de Trabajo (1994-2008). Condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Lourdes Medina | Ocho años y seis meses de inhabilitación
Exsecretaria general técnica de Trabajo (2008-2012). Condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación por prevaricación.
Qué vergüenza de políticos y que justicia más lenta!
No entiendo que se posponga le resolución del recurso hasta después de las elecciones andaluzas, para no interferir en las mismas. Bueno, Sí lo entiendo, otra treta más para proteger la corrupción de ese partido. Esas acciones deben tener consecuencias electorales.