Carmen Crespo, tras una deficiente gestión del presupuesto de 2023, va de número 2 en la lista del PP al Parlamento Europeo

Son varios los consejeros del gobierno andaluz que no han logrado cumplir con lo previsto en los presupuestos públicos de 2023: Rocío Díaz, Carmen Crespo, Rocío Blanco y Ramón Fernández-Pacheco, han dado muestras de una deficiente gestión en la ejecución del crédito definitivo previsto en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2023 para sus consejerías, según las cifras publicadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Aunque la publicación de los datos que se ofrecen en este artículo debería corresponder a los partidos de la oposición, parece ser que el esfuerzo no es una de sus características, y que prefieren dedicarse a sus “juegos de tronos”, a vivir del erario público sin que nadie les pueda exigir cuentas, a engañar a la ciudadanía, a abusar del poder o a contar nubes.

Por otro lado, es necesario señalar que, por primera vez, la Intervención General de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Hacienda que dirige Carolina España, ha retrasado la obtención y publicación del resumen mensual de la liquidación de los presupuestos del mes de diciembre de 2023, quizás con la intención de ocultar datos como los que se presentan en este artículo, o porque la Junta vuelve a incurrir en déficit, todo ello con vistas a no perjudicar la campaña de las elecciones europeas.

Para acreditar este aberrante hecho, observen en las siguientes imágenes que la Intervención General ha obtenido y publicado anualmente los datos correspondientes al mes de diciembre a finales de enero o primeros de febrero del año siguiente, y que se obtienen fácilmente del sistema contable GIRO de la Junta de Andalucía:

Sin embargo, la consejería de Hacienda que dirige Carolina España, ocultó los datos del mes de diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de este año (06/05/2024), fecha de su publicación en la web de la Consejería, tal como acredité en la red de Twitter diariamente durante un mes. Sin embargo, sí publicaba los resúmenes de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 (obtenidos del sistema contable GIRO el 14/02/2024, el 01/04/2024 y el 10/04/2024, respectivamente). Además, publica los datos en formatos informáticos no manipulables (PDF) y sólo por partidas presupuestarias (no se publican los datos mensuales de gastos por servicios, capítulos y programas), dificultando los cálculos y posibles análisis por parte de la ciudadanía, aunque el sistema contable GIRO puede exportar los datos en formato Excel, que permiten los cálculos con facilidad. Con estos hechos, el gobierno andaluz del PP revela que su opacidad sigue en aumento desde que llegó al poder, como he acreditado también en anteriores artículos.

A continuación, se publica una imagen del extracto del resumen mensual de diciembre de la liquidación del presupuesto de 2023, acreditando la demora injustificable por parte de la consejería que dirige Carolina España:

“Lo que ocultan los presupuestos públicos que aprueban los parlamentos”

Cuando se aprueban los presupuestos públicos por el parlamento de turno, los partidos gobernantes los venden como algo único en su género, y se dedican a parlotear sobre inversiones colosales, ayudas a sectores de la economía, ayudas sociales, etcétera. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta: los presupuestos que aprueban los parlamentos en España son modificados por los gobiernos correspondientes a su antojo. Como se acredita en la tabla siguiente, los créditos iniciales aprobados por el Parlamento andaluz fueron modificados en 2023, de forma que el crédito definitivo de cada consejería es otro muy distinto.

La realidad de las inversiones y gasto corriente que realizan las instituciones públicas sólo la muestra la liquidación anual de los presupuestos públicos una vez cerrado el ejercicio económico: son los estados consolidados de la cuenta general los que muestran la realidad del gasto presupuestario porque quedan grabados los gastos en el sistema contable, salvo los gastos extrapresupuestarios que se dejan sin imputar en el sistema una vez cerrado el ejercicio (conocido coloquialmente como “facturas en el cajón”).

Estos gastos extrapresupuestarios -o cuenta 413- corresponden a gastos contraídos de hecho en el ejercicio anual, pero que no han sido imputados al presupuesto, y cuya importancia es crucial. Observen, por ejemplo, que en 2022 alcanzó la escalofriante cifra de 1.280,25 millones de euros, según datos publicados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, que debe pagarse con el presupuesto del año siguiente. Por este motivo, los presupuestos aprobados por los parlamentos ya se inician con recortes por los gastos extrapresupuestarios del año anterior.

Por tanto, creerse y difundir lo que venden los partidos cuando aprueban los presupuestos públicos es un ejercicio de autoengaño, necedad o de fanatismo partidista. Lo grave es que los medios de comunicación se unen a dicha tarea para agradar a los partidos que les dan de comer con la publicidad institucional.

Estas modificaciones de crédito que realizan los gobiernos revelan, una vez más, que no hay representación del pueblo en los parlamentos (poder Legislativo) ni separación de los poderes Legislativos y Ejecutivo. Es decir, en España hay un Estado de partidos donde el poder es único, con un mero reparto de funciones entre instituciones. En una democracia, estaría prohibido que un gobierno pudiera modificar los presupuestos aprobados por un parlamento sin su expresa autorización. Pero, al no haber democracia en España, los partidos gobernantes hacen y deshacen a su antojo sin contar con la voluntad del pueblo o nación, dado que el sistema instituido en 1978 permite impunemente estos abusos de poder. Y los españoles siguen creyendo mayoritariamente que viven en una democracia… ¡Cuánta incultura e ingenuidad!

“Carmen Crespo deja sin ejecutar gran parte del presupuesto previsto para al sector agrario andaluz”

A continuación, se muestra una tabla con los créditos definitivos del presupuesto andaluz de 2023 y el gasto (obligaciones) por cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía, con el porcentaje de ejecución de cada una.

Como puede observarse, los titulares de las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda;de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural;de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, no han logrado ejecutar más del 75% de los créditos definitivos asignados, quedándose en el 62’50%, 65’25%, 70’17% y el 74’67%, respectivamente.

Carmen Crespo Díaz, diplomada en Biblioteconomía y Documentación, y candidata del PP al Parlamento europeo (número 2 de la lista), ha ocupado en la Junta de Andalucía la trascendental cartera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural desde 2019. En 2023, ha dejado sin ejecutar más de un tercio del presupuesto definitivo de su consejería, cuando el sector agrario es el principal sector primario de la economía andaluza.

Asimismo, dicha consejería también es la encargada de gestionar el FAGA (Fondo Andaluz de Garantía Agraria), que se financia con fondos del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria). Pues bien, la partida presupuestaria más elevada del FAGA, que corresponde a las ayudas directas disociadas de la producción agrícola y ganadera, se ha ejecutado en un 76’21%. Es decir, del crédito definitivo de 1.285’11 millones de euros, se han contraído obligaciones por 979,43 millones de euros, dejando 305 millones de euros sin ejecutar.

Como premio, el PP la ha propuesto como candidata al Parlamento europeo en las próximas elecciones del 9-J, en el número dos de la lista por detrás de Dolors Montserrat. Este hecho revela que, en nuestra partidocracia, lo de menos es la evaluación de la gestión de los cargos públicos que los partidos deberían realizar, sino que los criterios son puramente partidistas y de poder. Lo repetiré hasta la saciedad: con la partidocracia instituida en 1978, no existen los necesarios filtros para la selección de los cargos públicos, dado que los partidos utilizan criterios que no guardan ninguna relación con lo que más podría beneficiar al pueblo o nación española, sino lo que más beneficie a la cúpula del partido que elabora las listas de candidatos.

No podemos olvidar tampoco a Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que pertenece a un gobierno que se queja sin parar de la falta de transferencias de fondos y de inversiones estatales para infraestructuras de titularidad estatal en Andalucía, cuando las infraestructuras andaluzas dejan mucho que desear, y las viviendas de promoción pública brillan por su ausencia, ejecutando sólo un 62,50% de los créditos definitivos, dejando casi 600 millones de euros sin ejecutar. De los gastos cofinanciados con fondos europeos FEDER sólo ha ejecutado un 63,15%, y de fondos FEADER sólo ha ejecutado un 19,85%.

Tampoco puede olvidarse la escasa ejecución del presupuesto de Rocío Blanco en la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que ocupa dicha consejería desde 2019, cuando el desempleo es una de las peores lacras de Andalucía. Ha dejado casi un 30% del presupuesto sin ejecutar en 2023, más de 540 millones de euros.

Igualmente, no podemos olvidar al portavoz del gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que ha dejado más del 25% de su presupuesto sin ejecutar, o a Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que ha dejado sin ejecutar 439 millones de euros (más del 13%). El portavoz del gobierno andaluz dedica estas palabras a Carmen Crespo en la red social X, a pesar de su deficiente gestión en la ejecución de los presupuestos de 2023, lo cual revela el escenario teatral de la política en España:

Por último, debe señalarse que las carteras de Educación y Sanidad ejecutan cada año cerca del 100% de sus presupuestos, los más elevados (8.802 y 14.329 millones de euros en 2023, respectivamente) debido a que son servicios esenciales, que la mayoría de sus presupuestos se gasta en personal y en la prestación obligatoria de los servicios educativos y sanitarios. Ahora bien, que se gaste tanto dinero no implica necesariamente que la gestión sea la correcta en estos dos casos, porque lo importante no es gastar sin cabeza, sino la eficiencia, es decir, conseguir los objetivos marcados con el menor gasto posible.

Y dado que la gestión de la Sanidad pública andaluza la conozco en profundidad, como he acreditado con mis anteriores artículos, puedo asegurar que el gasto descomunal de los más de 14.000 millones de euros se debe a una gestión descabezada, carente de proyecto y objetivos, que posee grandes sumideros por los que se pierden fondos públicos debido a la continua corrupción en materia de recursos humanos y contratación con empresas privadas, entre otras materias.

Por tanto, sólo nos queda España o el impune 78. No hay más alternativas si queremos acabar con la corrupción sistémica inherente a la partidocracia. La pelota está en el tejado de la nación o pueblo, no en el tejado de los partidos. Es nuestra responsabilidad acabar con esta lacra de partidocracia que tanto daño nos hace permitiendo impunemente los abusos de poder.