El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad han aprobado hoy por unanimidad el nuevo Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz
En Andalucía, se registraron 1.507 agresiones en 2019, un 22% más que el año anterior (272 agredidos más). En 2018, las agresiones registradas fueron 1.235, de las que 267 fueron físicas. Los datos reflejan un incremento tanto en el número de agresiones que sufren las mujeres como las que sufren los hombres (en 2019 fueron 289 actos de violencia física). Es necesario destacar que se reduce el porcentaje de agresiones físicas respecto al total. En 2019, supusieron el 19,2% frente al 21,6% del año anterior.
Según la Consejería de Salud, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 44.000 elementos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 3.731 cámaras de seguridad, 5.410 timbres en consulta, 1.049 consultas comunicadas con interfonos, 14.235 teléfonos en consultas, 3.711 salidas alternativas o 14.464 terminales en puesos de trabajo en consultas que cuentan con el software antipánico instalado.
Pero todo ese entramado no evita que la violencia siga creciendo en los centros médicos andaluces, un hecho preocupante que ya han denunciado SATSE y Sindicato Médico Andaluz. El presidente de este último, Rafael Carrasco, dijo recientemente que «los hospitales andaluces no tienen seguridad suficiente» para evitar secuestros de bebés, por poner un ejemplo.
Programa de acompañamiento al profesional agredido
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad han aprobado hoy por unanimidad el nuevo Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz, que incorporará como novedad un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional en cada centro con formación específica que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas.
El nuevo plan habilitará también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté solo momentos después de ser agredido. Además, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y se realizarán acciones de comunicación dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional.
Según un comunicado de la Consejería de Salud, «el desconocimiento sobre la organización sanitaria lleva, en muchas ocasiones, a exigir cosas que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión. Además, se difundirá en los centros el cartel contra las agresiones, seleccionado entre los diseños realizados por los propios profesionales del SAS y que tiene como lema No + agresiones al personal de sanidad.
El problema es que hay factores endémicos de la sanidad pública que llevan al límite a un gran número de pacientes y de familiares de pacientes: las listas de espera de muchas especialidades, la falta de médicos (bajas que no se cubren, como el caso de la pediatra de Olvera), la privatización paulatina de la sanidad pública, la desactualización de centros médicos de pueblos que han triplicado su población en los últimos 25 años (los sangrantes casos de Aljaraque y Punta Umbría en la provincia de Huelva) y la vejez de muchas infraestructuras, entre otros.
La formación a los profesionales cobrará especial importancia y tendrá una doble vertiente: aprender a controlar situaciones conflictivas y qué hacer cuando se produce una agresión. En 2019, más de 4.550 profesionales se han formado en el curso de control de situaciones conflictivas y se han realizado hasta 26 iniciativas formativas.
El Plan, que será aprobado por Consejo de Gobierno previo a su publicación en BOJA, integra las aportaciones del grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Familias y en el que han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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