Los datos sobre ratios escolares y aulas públicas suprimidas, ofrecidos por la consejera Patricia del Pozo en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno del miércoles pasado, «no se ajustan a la realidad», según la Unión Sindical de Trabajadores en Andalucía (Ustea). «Las ratios escolares no están descendiendo; a pesar de la bajada de la natalidad, el número de clases públicas no para de reducirse en los últimos años», añaden
En un intento por enmascarar estos datos y en respuesta a la ILP impulsada por Ustea, «se están creando unidades escolares en colegios con ratios ilegales, utilizando para ello al profesorado que debería ser de refuerzo escolar». El profesorado que está llegando a los centros educativos andaluces, gracias a los fondos europeos de recuperación destinados a ello por el Ministerio de Educación, debería estar destinado al refuerzo escolar. «En lugar de eso, se están creando unidades escolares en aquellos centros en los que las ratios están por encima del máximo permitido por la ley», denuncian.
De esta manera, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía «enmascara las ratios abusivas en Andalucía, a costa de la pérdida del refuerzo escolar en estos centros». Este profesorado se está incorporando en estos días, una vez iniciado el curso, y los equipos directivos están viendo trastocada gravemente la organización de los colegios que se lleva trabajando desde junio. Esta maniobra demuestra «la existencia de ratios ilegales en Andalucía, tantas veces negada por la Administración, y al mismo tiempo, pone en evidencia una vez más la improvisación y la falta de planificación de la Consejería, así como el poco valor que la administración da al profesorado y a su trabajo».
Asimismo, Ustea considera que la creación de unidades escolares es siempre una buena noticia, pero en este caso se trata solo de «un parche que no puede hacerse a costa de la pérdida de apoyos y sin garantías de que el próximo curso esta medida tenga continuidad, pues depende de la coyuntura actual y de los fondos extraordinarios destinados por el ministerio». Para el sindicato, esta medida improvisada por la consejería «solo puede interpretarse como la respuesta al apoyo masivo de la comunidad educativa a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la bajada de ratios escolares». En agosto se presentaron 52.846 firmas ante el Parlamento, muchas más de las 40.000 necesarias, y la iniciativa se debatirá en el Pleno en los próximos meses.
Al margen del parche que supone la creación puntual de aulas para evitar las ratios ilegales, «no es cierto que la ratio esté descendiendo en la red de centros públicos, ni ahora ni en los últimos años«, como se afirma desde la consejería. La oferta educativa la organiza la Dirección General de Planificación, con José María Ayerbe a la cabeza desde la anterior legislatura, y se basa en el Decreto 21/2020 de escolarización de Andalucía.
Según esta planificación, una unidad educativa en la red de centros públicos debe alcanzar el número máximo de alumnado permitido por la ley: 25 alumnos y alumnas en Primaria y 30 en Secundaria. «En muchos casos, la ratio supera incluso el límite legal, lo que ahora trata de maquillarse con la creación de unidades una vez comenzado
el curso, utilizando para ello al profesorado que debería ser de apoyo y sin que existan criterios de asignación transparentes y conocidos por la comunidad educativa», denuncian desde Ustea.
Debido al mecanismo de planificación educativa de los últimos años, las clases de los centros públicos de todas las ciudades andaluzas y de la mayoría de sus pueblos están al límite máximo permitido por la legislación vigente e incluso por encima. Solo están por debajo de esa ratio máxima las clases de localidades o zonas donde existe un solo centro educativo de Primaria o Secundaria y, por tanto, el alumnado no puede ser desplazado. Es por esto que si se hace una media aritmética de todos los centros de Andalucía, las ratios medias «se sitúan entre 3 y 5 puntos por debajo de los límites máximos establecidos por el ministerio», como dijo la consejera, obviando que las zonas rurales hacen descender esa media, dando una falsa imagen de bajada de ratios que no se corresponde con la realidad de la mayoría de centros andaluces.
Por encima de la media de la UE
Tampoco es cierta la afirmación de la consejera de que las ratios medias andaluzas «estén en la media de la UE». Según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2021 (SEIE 2021), publicado por el Ministerio de Educación, la media estatal, con una cifra de 21,8, está muy por encima de la media de la UE, que es de 19,9. Y dentro del Estado, el número de alumnas y alumnos por grupo educativo en Andalucía está por encima de la media de las comunidades autónomas en todos los niveles y enseñanzas. Así, por ejemplo, la media andaluza es de 26,7 en Secundaria y de 28,6 en Bachillerato, frente a las cifras estatales de 25,3 y 25,8 respectivamente, cifras que distan considerablemente de las de Aragón (20,8 en Secundaria y 22,7 en Bachillerato) o Extremadura (20,2 y 21,2).
El informe arroja datos similares en cuanto al número medio de alumnado por docente en niveles preuniversitarios y Andalucía se sitúa a la cola junto a Madrid, Ceuta y Melilla.
«Si los datos de ratios que dio la consejera Del Pozo no son ciertos, tampoco dijo la verdad al hablar de un aumento del número de aulas públicas», sentencian desde el sindicato. A falta de conocer los datos definitivos de este curso, en la anterior legislatura el número de aulas públicas de Infantil y Primaria descendió en 1.181. Son datos extraídos del BOJA «que la consejería ha tratado de desmentir con un nuevo artificio estadístico», a juicio de Ustea.
«Artificio estadístico»
Cuando se asigna un maestro de apoyo a un colegio, oficialmente se recoge en la documentación como creación de un aula de apoyo, aunque esta persona solo pase algunas horas a la semana en el centro. Así, en una localidad con dos colegios, se suprime una clase en uno de ellos y, al mismo tiempo, se nombra una maestra de apoyo que divide su horario, pasando unas horas de la semana en cada centro.
«De esta manera, en las estadísticas de la Consejería de Educación aparecerá que se ha suprimido una clase, pero se han creado dos aulas de apoyo y así puede argumentarse que, en esa localidad, hay un aula pública más, cuando la realidad es que hay una clase menos y dos colegios que deben compartir el recurso de apoyo«, agregan.
Para Ustea, las declaraciones de la consejera al inicio del curso «responden al desconocimiento o a un intento de falsear la realidad, y no es un buen punto de partida para la nueva administración educativa». La educación pública andaluza tiene importantes carencias que no se van a solucionar «partiendo de análisis que no se ajustan a la realidad», apostillan.
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