La FAPE insta al Gobierno a que aclare «cuanto antes las funciones y cometidos» que tendrá el recién creado comité para la lucha contra la desinformación
La disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes que, según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, suscitan «una profunda preocupación» por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo.
La disposición sugiere que el Gobierno tiene que realizar injerencias en los medios tratando la información como si de un ataque con bombas se tratara con una de sus líneas estratégicas: «Abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19″.
Además, el Gobierno se plantea el objetivo de «definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos«. ¿Cómo se garantiza así la libertad de prensa? ¿Es una nueva y sofisticada forma de censura?
Ante el riesgo de que el susodicho comité pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información, la FAPE recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, «deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no».
«Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio», pone de relieve el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez. El Gobierno tendría que aclarar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello.
«Los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley», dejan claro desde la FAPE.
«Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales«, comenta Rodríguez.
El organismo que representa a los periodistas españoles considera que la creación de este comité «solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia».
La FAPE estará «muy atenta» a que este comité, al ser una dependencia del Gobierno, pueda ser utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La FAPE siempre ha defendido, y defiende, la autorregulación, que en el caso de los informadores se concreta en la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, un órgano independiente que atiende las reclamaciones por incumplimiento del Código Deontológico.
Los límites en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que ampara la libertad de prensa y el derecho de información, están en las leyes, en el código deontológico y en la ética personal.
Bendodo lo criticó… pero la Junta creó también una sección antibulos
La Junta de Andalucía abrió en septiembre una ventana para combatir la difusión de bulos entre la ciudadanía. ¿No debería hacer esto un organismo totalmente independiente (esto vale también para el comité antibulos del Gobierno central ideado por Iván Redondo)? Con este fin, el portal de la Junta ha incorporado una sección denominada Alerta: bulos, «dirigida a detectar y aclarar estas fake news que se distribuyen desde diversos canales», según explican en la web institucional. «El Gobierno autonómico garantiza con esta medida el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y rigurosa como requisito imprescindible para la toma de decisiones basadas en hechos objetivos», prosigue el texto institucional.
Sin embargo, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, al ser preguntado sobre el comité del Gobierno central para luchar contra la desinformación, se cebó con Sánchez e Iglesias, defendiendo la independencia de la prensa: «Creo que el Ministerio de la verdad es un tic intervencionista más de este gobierno socialcomunista. Lo he dicho muchas veces, que no tengan miedo a la libertad, ni a la libertad económica, educativa ni a la libertad de los medios de comunicación. Imagínese si esta propuesta surge de un Gobierno que no fuera socialista o populista. Me parece una auténtica agresión«. Es la ley del embudo.
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