La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha dado este viernes «por cerrado» el caso del exviceconsejero y exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, una vez que se ha conocido el informe emitido por la Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía en el que se determina que, «de materializarse» la contratación de Guzmán por parte de una aseguradora privada, «constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos, siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año», fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS como director gerente
En declaraciones a los medios previas a su participación en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Catalina García ha sostenido que el informe elaborado deja «claro» que la contratación es «incompatible» hasta el 29 de julio de 2024, lo que, a juicio de la consejera, permite dar «por cerrado» el asunto. Este informe se conoce horas después de que el exviceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, comunicara que iba a aplazar la decisión de incorporarse a cualquier actividad laboral, en alusión a su fichaje por la aseguradora privada Asisa, hasta que la Junta emitiera el informe sobre la incompatibilidad o no de su llegada a ese nuevo cargo, según se recogía en un comunicado.
Según el documento enviado a la Secretaría General, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la incompatibilidad estaría motivada por los 14 contratos que, desde el Servicio Andaluz de Salud, se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, «aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán», sino por el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, «esto no altera la competencia«, explica la Junta en un comunicado.
Por tanto, «de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos«, concluye. En cambio, considera que «los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero».
La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante modificó en su disposición final segunda la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, limita por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años posteriores a su cese.
Por ello, en el caso de Guzmán, los dos años de su cese como gerente del SAS se cumplirían el 29 de julio de 2024, fecha a partir de la cual podría formalizar su contrato. «Ante la información de los últimos días, estando convencido de haber cumplido en todo momento con la ley, he sabido por los medios de comunicación que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía está elaborando un informe, dada la notoriedad del caso», comenzaba el mensaje difundido por Guzmán. El también exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) añadía que cree que «lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarme a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe que, como no puede ser de otra manera, acataré en los términos que se pronuncie».
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