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Salud, Sociedad, Solidaridad

La dependencia en Andalucía: más de 45.000 personas murieron en lista de espera entre los años 2018 y 2024

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Hay más prestaciones y beneficiarios, pero también más espera y menor esfuerzo autonómico

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) alerta de las profundas contradicciones que muestran los datos del sistema de atención a la dependencia en Andalucía entre los años 2018 y 2024. A pesar del notable aumento en prestaciones y beneficiarios, el sistema evidencia un preocupante deterioro en los tiempos de espera y en la aportación relativa de la Junta de Andalucía al sistema.

Evolución del sistema: más solicitudes y más prestaciones

En 2024 se registraron 423.377 solicitudes, frente a las 388.846 de 2018 (+8,9 %). Las prestaciones aumentaron un 58,3 %, pasando de 279.274 en 2018 a 442.241 en 2024. El número de personas beneficiarias con prestación activa también creció: de 212.243 en 2018 a 296.663 en 2024.

El tiempo medio de espera se ha disparado

El número de personas en lista de espera descendió significativamente, de 109.470 en 2018 a 48.292 en 2024 (–55,9 %). Sin embargo, el tiempo medio de espera se ha disparado: de 404 días en 2018 a 602 días en 2024 (+49 %).

Menos personas en lista no significa más agilidad. «La espera es cada vez más inasumible para nuestros mayores», subraya el presidente de FOAM, Martín Durán.

Financiación: el Estado aumenta, pero Andalucía retrocede en esfuerzo relativo

Aunque la Junta aumentó su aportación nominal en más de 180 millones de euros, su esfuerzo relativo respecto al PIB andaluz cayó del 0,62% en 2018 al 0,54% en 2024. Por su parte, el Estado triplicó su contribución en términos absolutos y mantuvo constante su esfuerzo del 0,8% del PIB nacional.

Una tragedia persistente: miles de fallecidos cada año

Entre 2018 y 2024, más de 220.000 personas fallecieron en España esperando una prestación o servicio de dependencia reconocido, de las cuales más de 45.000 eran andaluzas. «Estas cifras no solo son inaceptables desde un punto de vista moral, sino que constituyen un fracaso institucional continuado«, denuncia Durán.

«No podemos permitir que el acceso a la atención llegue demasiado tarde para decenas de miles de personas cada año. La dependencia no puede seguir gestionándose como si fuera un lujo, cuando en realidad es una obligación legal y ética del Estado y las comunidades autónomas», añade el presidente de FOAM.

El Estado sigue sin cumplir su compromiso del 50 %

Pese a las promesas políticas y al mandato legal de cofinanciación del sistema de dependencia al 50 %, el Estado español sigue muy por debajo de ese objetivo. En 2024, su aportación en Andalucía fue del 38,20%, mientras que la Junta de Andalucía asumió el 61,80 %. Esto deteriora la calidad y los tiempos del sistema.

Un sistema que debe cambiar: propuesta integral de FOAM

Desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) consideran que la situación del sistema de dependencia, tanto en Andalucía como a nivel estatal, «requiere una transformación estructural». La suma de más de 220.000 personas fallecidas en España sin haber recibido atención, la cronificación de los retrasos en la resolución de expedientes (con una media de 602 días en Andalucía en 2024) y el incumplimiento reiterado del compromiso estatal de financiación al 50 % son señales claras de que no podemos seguir gestionando la dependencia como una cuestión secundaria«.

Por ello, FOAM propone: elevar la financiación estatal y autonómica al 2% del PIB correspondiente; cumplir el principio de cofinanciación paritaria (50 % Estado y 50 % comunidades autónomas); aprobar un plan de choque inmediato para reducir los tiempos de espera por debajo de los seis meses legales; y establecer un fondo estatal extraordinario para eliminar la lista de espera en dos años.

Además, y de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo 800/2025 de 23 de junio de 2025, FOAM insta con urgencia al Gobierno de España a regular los copagos a través de una ley que considere los mismos como tasa y a la Junta de Andalucía a suspender el cobro de éstos hasta la publicación de esta ley.

«Es hora de pasar del discurso a la acción. La dignidad de las personas mayores y dependientes no puede esperar más. No se trata solo de cifras, se trata de vidas. Cada retraso, cada muerte sin atención, es una deuda ética y social que el sistema debe saldar», apostilla Martín Durán.


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