La Cámara de Cuentas revela la desastrosa política local de la Junta de Andalucía

En su Informe Anual sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público Local Andaluz (ejercicio 2018), la Cámara de Cuentas de Andalucía revela datos sobre graves incumplimientos en las rendiciones de cuentas de los gobiernos de diputaciones provinciales, municipios, mancomunidades y demás entidades locales

Dichos datos, que se exponen más adelante, nos llevan a concluir que el mundo local andaluz está muy lejos de ser una Administración pública del siglo XXI. El Parlamento y el Gobierno de Andalucía, que regulan y gestionan las competencias en materia local atribuidas a la Comunidad Autónoma en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, tienen una gran responsabilidad en ello, además de los distintos gobiernos de las entidades locales. Las recomendaciones que la Cámara de Cuentas ha efectuado en su Informe lo dejan muy claro, las cuales, por cierto, han sido reiteradas varios años. Pero, a pesar de todo, en esta partidocracia no se exigen responsabilidades, como se verá a continuación.

En la Junta de Andalucía, las competencias en materia local las tiene atribuidas la Consejería de Hacienda, cuyo titular es Juan Bravo Baena (PP), y en particular la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego que dirige Manuel Vázquez Martín, así como la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige el vicepresidente Juan Marín Lozano (Cs), en particular la Dirección General de Administración Local que dirige Joaquín José López-Sidro Gil. Ambas consejerías deberían estar coordinadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero la realidad parece ser otra muy diferente.

Las citadas consejerías no han adoptado las medidas oportunas para conseguir que las entidades locales cumplan con la Ley y rindan las cuentas públicas, lo cual es fundamental para que los andaluces conozcan cómo los partidos que gobiernan dichas entidades gastan el dinero que recaudan. Si el PSOE e IU ya dejaron constancia de graves irregularidades y de su más que errónea política local durante muchos años, basada muchas veces en criterios paternalistas e intereses partidistas (luchas y alianzas de poder en los partidos, compras de votos, creación de perjuicios al partido rival, etc.), el PP y Cs han venido a continuar con la misma aberrante política.

Los conocimientos de un servidor en la materia no sólo han sido adquiridos en base a mis investigaciones, sino también por la experiencia de haber trabajado más de 12 años en centros directivos de la Junta de Andalucía relacionados con la administración local. En numerosas publicaciones de años anteriores, que incluía una serie de artículos (nueve en total) que titulé «Desviación de poder» y un artículo que dejaba constancia de la falsedad que cometió el Consejo de Gobierno andaluz (“El Gobierno andaluz de Susana Díaz miente en un Decreto”), y en algunos vídeos publicados, he dejado constancia de las irregularidades cometidas y la nefasta gestión del mundo local realizada durante muchos años por la Junta de Andalucía, y nadie me ha denunciado por falsedad o calumnia.

Incluso en un recurso contencioso administrativo que interpuse ante el Juzgado y acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dejé constancia de muchas de las graves irregularidades que se habían cometido en la Dirección General de Administración Local, pero los magistrados intervinientes (María Fernanda Mirmán Castillo, en el Juzgado núm. 12 de Sevilla, y María Luisa Alejandre Durán -ponente-, Julián Moreno Retamino y Eugenio Frías Martínez, en el TSJA) denegaron numerosas pruebas documentales solicitadas, y las admitidas ni siquiera las analizaron, a pesar de las gravedades de los hechos. La Justicia, una vez más, mirando para otro lado.

Sin embargo, dejar constancia de esas irregularidades, tanto interna como públicamente, y cumplir con la legalidad en esta partidocracia, me costó el cese en 2016 del puesto que ocupaba en la Dirección General de Administración Local, y las numerosas injusticias posteriores que todavía estoy pagando (por ejemplo, el Defensor del Pueblo Andaluz me ha dado la razón en el trato indigno que sufrí al acceder posteriormente a mi puesto en el Servicio Andaluz de Salud). Como dato revelador, el director general que me cesó, lo hizo a las tres horas de recibir una llamada telefónica de la alcaldesa de Albuñol (Granada) mostrándole su enfado porque un servidor había propuesto denegar unas subvenciones públicas (en cumplimiento de la legalidad), y dicho Ayuntamiento es, precisamente, uno de los que no ha rendido las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, a fecha de 29 de septiembre de 2020. Pero a sus vecinos no debe importarles mucho que se controlen las cuentas, porque en las elecciones municipales de 2019 volvieron a votar por mayoría absoluta al PSOE, con la misma alcaldesa.

A pesar de todo lo que denuncié, nadie actuó para investigarlo. Incluso el tema llegó al Parlamento andaluz (2016 y 2017) de la mano del PP, pero fue utilizado sólo para quemar al partido rival (PSOE), no para investigar dichas irregularidades. De hecho, el actual Gobierno andaluz ni siquiera ha actuado en relación a todo lo denunciado públicamente. Que los intereses partidistas están muy por encima del resto, incluido el de los andaluces, y del imperio de la Ley, es más que evidente. En esta partidocracia, denunciar graves irregularidades es como predicar en el desierto. No hay consecuencias, porque no tenemos representantes en los poderes públicos, sino una panda de apesebrados y vividores de lo público que pululan en todos los partidos.

Los datos demoledores de la Cámara de Cuentas: de aquellos polvos, estos lodos

Y ahora viene la Cámara de Cuentas con datos demoledores sobre los graves incumplimientos de las entidades locales. De aquellos polvos, estos lodos.

Según el informe, el censo de las entidades del Sector Público Local Andaluz en el ejercicio 2018 está constituido por 892 entidades locales de las que 8 son diputaciones provinciales, 785 son ayuntamientos, 66 mancomunidades y 33 entidades locales autónomas. Además, a dicha cifra se suman 652 entidades instrumentales (sociedades, fundaciones, etc.).

El 62,22% de las entidades locales no han rendido la Cuenta General de 2018, lo que ha supuesto que 555 entidades no han remitido la cuenta a la Cámara antes del 1 de enero de 2020, y el 60,20% (537 entidades) no han remitido relaciones de los contratos formalizados durante el ejercicio 2018 a la Cámara. Por tanto, tampoco se tienen datos de las entidades instrumentales de dichas entidades. Todo ello ha supuesto una limitación al alcance del informe, según manifiesta la propia Cámara. Es decir, que el informe está descafeinado, tal como interesa a los partidos políticos que gobiernan esas entidades locales.

Las Diputaciones provinciales de Málaga y Cádiz incumplieron, y no rindieron sus cuentas hasta el 21 de enero y 26 de mayo de 2020, respectivamente. Además, la Diputación de Málaga tampoco cumple con la obligación de remitir la información sobre contratos formalizados en 2018.

Los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes que no han rendido sus cuentas antes del 1 de enero de 2020 son: Algeciras, Benalmádena, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba, El Puerto de Santa María, Fuengirola, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Marbella, Mijas, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Torremolinos, Utrera y Vélez-Málaga.

Además, los ayuntamientos de Benalmádena, Cádiz, El Ejido, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Linares, Mijas, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Veléz-Málaga tampoco cumplen con la obligación de remitir la información sobre los contratos formalizados en 2018.

Las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla destacan por el bajo nivel de rendición, que se sitúa por debajo del 30% y especialmente en los ayuntamientos de mayor población. ¿Qué hacen al respecto las delegaciones del Gobierno andaluz de esas provincias que dirigen Ana Mestre García, Bella Verano Domínguez, Patricia Navarro Pérez y Ricardo Sánchez Antúnez, respectivamente? ¿Y qué hacen al respecto las delegaciones territoriales de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de esas mismas provincias, que dirigen Miguel Rodríguez Rodríguez, María de los Ángeles Muriel Rodríguez, Nuria Rodríguez Cubero y Javier Millán de Cózar, respectivamente? ¿Contar nubes, obedecer las consignas del jefe del partido sin rechistar o qué otras actuaciones? Las omisiones son evidentes.

A efectos de realizar una comparación de los índices de rendición de cuentas de los tres últimos ejercicios, y estableciendo como fecha el 31 de diciembre del año siguiente al que corresponda la Cuenta, resulta que la evolución ha ido a peor (un retroceso de 6,9%): del 44,68% del censo (399 entidades) en 2016 se ha pasado al 37,78% del censo (337 entidades) en 2018. En los ayuntamientos, se ha producido un retroceso mayor de los niveles de rendición, que ha sido de un 10,63 %.

Un total de 57 entidades locales que suponen un 6,39% de las entidades locales censadas en el ejercicio 2018, han remitido 286 contratos formalizados a la Cámara, de los que sólo 116 llegaron en plazo. El importe acumulado de estos contratos es de 370,10 millones de euros. Es decir, el control que la Ley exige a la Cámara de Cuentas sobre esos contratos es inexistente.

Como consecuencia de la reiterada falta de rendición de las entidades locales, el pleno del Tribunal de Cuentas en febrero y marzo de 2018 aprobó la formulación de requerimientos conminatorios a los alcaldes de 22 ayuntamientos y de la Diputación de Cádiz para que procedieran al cumplimiento de la obligación legal de rendir las Cuentas Generales del ¡¡periodo 2013-2016!!

En cuanto a la revisión de cuentas rendidas, el sistema de validaciones de la Plataforma que se utiliza para ello ha generado un total de 5.032 incidencias al someter las 337 cuentas rendidas, y que fueron aprobadas por sus respectivos Plenos. Los principales tipos de incidencias detectadas en la documentación de tesorería son las siguientes:

a) entidades que no adjuntan el fichero PDF, que este no es legible en parte o en su totalidad o que contiene otra información distinta a la de tesorería o la información corresponde a otra entidad o a otro ejercicio;

b) no adjuntan acta de arqueo o el documento aportado no puede considerarse como tal;

c) entidades que no aportan ninguna documentación acreditativa de los saldos bancarios;

d) deficiencias en los documentos bancarios acreditativos de los saldos a fin de ejercicio;

e) entidades que no presentan conciliaciones de algunas cuentas o estas son incorrectas.

Graves incumplimientos legales

Según indica el Informe de la Cámara de Cuentas andaluza, el Tribunal de Cuentas en el año 2020 ha enviado una comunicación al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero en la que se comunica las entidades locales que no han rendido la Cuenta General del ejercicio 2018, así como aquellas que tienen pendiente de rendir alguna cuenta de ejercicios anteriores del periodo 2015-2017, y que se informe sobre la aplicación de la retención de la participación en los tributos del Estado a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Según este precepto legal, a las entidades incumplidoras se les debería retener esa financiación hasta que cumplan con su obligación de rendir cuentas, pero cuando el propio Tribunal de Cuentas está solicitando información sobre la “aplicación”, será por algo.

Además, el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno considera como infracción muy grave en materia de gestión económico-financiera el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, previéndose la correspondiente sanción al respecto. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no tiene constancia del inicio de ningún procedimiento sancionador de oficio por este tipo de infracción por parte del órgano competente. No obstante, lo que ha silenciado la Cámara de Cuentas es que dicha Ley otorga la competencia para sancionar al alto cargo incumplidor de la entidad local…¡¡al Pleno de la Junta de Gobierno de la misma Entidad Local a la que pertenece!! Otra tomadura de pelo a los españoles, que siguen confiando en los partidos políticos otorgándoles sus votos.

La Cámara de Cuentas insiste, entre otras recomendaciones, en que la Junta de Andalucía imponga en las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades locales como requisito el que estas se encuentren al día en la rendición de cuentas públicas, como también hemos propuesto algunos funcionarios de la Junta durante años, pero a los partidos no les interesa porque perderían el manejo de fondos públicos en dichas entidades para seguir consiguiendo votos. Es la esencia de la partidocracia.

¿Qué están haciendo en materia local los consejeros de Hacienda y de Turismo, Juan Bravo y Juan Marín? A pesar de las numerosas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, nada se ha avanzado para que la mayoría de los gobiernos de las entidades locales cumplan la Ley. Y posiblemente sea lo que interese a los partidos, porque esos incumplimientos les facilita las compras de votos y la corrupción.

Algunos defenderán que, para ese control de legalidad y financiero en las entidades locales, está el personal del cuerpo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros). Sin embargo, lo que la mayoría de andaluces desconoce es que numerosas entidades locales no cuentan con tales funcionarios con nombramiento definitivo, sino que dichas funciones las realiza personal mediante nombramientos provisionales e interinos, con comisiones de servicios, o con acumulaciones de entidades, o con personal que ni siquiera pertenece a dicho cuerpo mediante nombramientos accidentales, los cuales obstaculizan un adecuado control. Puede comprobarse en este enlace esa disparidad de nombramientos: “Listado sobre el estado de provisión de los puestos reservados sin titular en Andalucía”. De hecho, la Cámara de Cuentas insta, un año más, a promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Cuando el puesto que ocupa un funcionario no es mediante un nombramiento definitivo (el político no puede moverlo del puesto salvo con expediente disciplinario), las posibilidades de corrupción son más elevadas, porque el funcionario puede ser removido del puesto. Y la responsabilidad de todas estas aberraciones en los nombramientos de dichos funcionarios claves de las entidades locales se reparte entre el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y los que gobiernan dichas entidades locales, con toda la gama de partidos políticos que gobiernan estos organismos.

Una vez más, los partidos políticos aprueban leyes para incumplirlas a sabiendas; de hecho, no se aplican cuando los partidos saldrían perjudicados. A pesar de ello, una inmensa mayoría de españoles sigue votando a partidos políticos por identidad ideológica, porque confían en las personas en vez de hacerlo en el sistema político que aún no hemos conocido en España, porque viven del sistema partidocrático o por otros motivos. Mientras algunos españoles estamos luchando por cambiar este sistema político que sólo beneficia a los vividores de los partidos y afines, a otros muchos parece no importarles vivir con los graves daños que genera la partidocracia, la cual, tarde o temprano, también acabará perjudicando a ellos y a sus familias.