La organización que lucha por una sanidad pública digna y justa recomienda a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud que graben las llamadas y que pregunten la categoría profesional de la persona que les llama (si es médico, enfermero, administrativo, etcétera)
La teleasistencia en Atención Primaria (AP) fue un recurso que instauró el anterior consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, en el año 2020 debido a la pandemia. La gran pregunta era: ¿será una medida coyuntural o estructural?
Mientras los planes directores de otras consejerías de Salud de España hablaban siempre de «provisionalidad» en cuanto a la implantación de la consulta no presencial, en el de Andalucía todo apuntaba a que este sistema había llegado para quedarse. De hecho, en el Plan Director de Funcionamiento en Atención Primaria del SAS se decía expresamente que «van a cambiar los hábitos establecidos desde hace muchos años y la transición puede ser dificultosa».
Ahora incluso han dado un paso más y la actual consejera, Catalina García, quiere empezar a utilizar la videollamada para las consultas de AP sin tener en cuenta la brecha digital que padecen en la actualidad las personas mayores de 65 años.
Actualmente, el servicio de consulta telefónica no sólo no se ha dado por finalizado sino que ha aumentado, según ha detectado la junta directiva de la Asociación Justicia por la Sanidad, presidida por Luis Escribano, que ha difundido un contundente comunicado.

En ese sentido, la organización ha puesto de relieve el siguiente enunciado: «Esta asociación ha constatado que el Servicio Andaluz de Salud está incrementando de forma alarmante la asistencia sanitaria por teléfono, modalidad de asistencia a la que nos oponemos. Dado que las personas que efectúan las llamadas no siempre se identifican ni existe ningún mecanismo que acredite la categoría profesional del telefonista (médico, enfermera, administrativo, etcétera), las cuales tienen acceso a las historias clínicas del interlocutor (paciente), aconsejamos a todos los usuarios que, cuando sean atendidos telefónicamente por algún profesional del SAS, graben las llamadas y exijan siempre al telefonista su nombre y sus apellidos y, si no corresponde al médico de familia asignado, el motivo por el que no le atiende este último y su categoría profesional (médico, enfermera, administrativo, etcétera)».
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