En esta segunda y última entrega que desglosa el Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2022, el Consejo Económico y Social pone el foco en la precaria situación de los trabajadores del SAS y en la preocupante ratio de número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes
Conviene mencionar los problemas y retos de futuro a los que esta se enfrenta actualmente la plantilla del SAS. Por un lado, «la mejora de sus condiciones laborales, en cuanto a salarios, precariedad y estabilidad laboral, con el fin tanto de garantizar un empleo de calidad como de favorecer una mejor atención, así como evitar la denominada fuga de batas blancas, esto es, la marcha de profesionales a países de nuestro entorno (sobre todo Portugal, Francia y Reino Unido), en busca, precisamente, de condiciones laborales más adecuadas«, reza en el informe del CES.
Por otro lado, la jubilación de casi la mitad de los profesionales del SAS en los próximos 10 años, lo que obliga a acrecentar de manera muy significativa la oferta anual de empleo público en sanidad, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público. «Finalmente, la necesidad de atender la escasez en ciertas especialidades, desde médicos de familia y pediatras a anestesistas, oftalmólogos, ginecólogos o traumatólogos, mediante formación y mecanismos de retención», remarca.
En relación con la atención sanitaria requiere una mención destacada la red andaluza de centros sanitarios. Como es lógico, dicha red tiene un carácter muy estructural y se evidencian pocos cambios entre un año y otro. Pese a ello, en 2021, último año con información disponible, el número de centros se incrementó en cuatro, haciendo un total de 1.514. Esta red autonómica fue la segunda más amplia en comparación con el resto de las comunidades autónomas, si bien fue la novena de toda España en número de centros por habitante, con una tasa de 18 centros por cada 100.000 habitantes.
Más de la mitad de los hospitales de Andalucía son privados
La red hospitalaria andaluza contó con 108 hospitales en funcionamiento y 21.365 camas instaladas. Atendiendo a la titularidad de los hospitales, el 53,7% fue privada, mientras que, en el caso de las camas instaladas, fue mayor el volumen de titularidad pública, en particular un 76,4%.
En comparación con el resto de las comunidades autónomas, Andalucía fue la décima región con mayor peso de hospitales privados y la novena en mayor peso de camas instaladas privadas.
Respecto al año anterior, se registró un incremento del 4,3% en camas públicas instaladas. También destacó el aumento del número de quirófanos en centros públicos (un 5,3%). Pese a estas tendencias positivas, Andalucía fue un año más la región con menor ratio de camas públicas por cada 1.000 habitantes, con una tasa de 1,85, poniendo así de manifiesto «la escasa dotación» de la sanidad pública autonómica en este sentido.
«Se precisa una especial atención»
Tal y como se evidenció a través de los indicadores hasta ahora referidos, «la saturación de centros e instalaciones sanitarias públicas fue una realidad muy evidente, además de ser creciente en los últimos años», remarca el CES. Esta situación no resultó ser exclusiva de Andalucía, sino que también fue común en el resto de España, siendo el creciente envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios sanitarios las principales causas de esta cada vez mayor saturación. «Ante este escenario, se precisa una especial atención por parte de los poderes públicos a fin de garantizar una atención sanitaria pública de calidad y con mayor número de recursos y dotación económica», agrega.
Dos programas que carecen de evaluación de resultados
Es cierto que determinados programas singulares inciden precisamente sobre la mejora de la calidad de la sanidad andaluza. En este sentido, habría que destacar el Programa de Investigación Clínica y el Programa para la Mejora de la Investigación e Innovación en Atención Primaria en el SSPA, así como la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud en Andalucía, en coordinación con el Plan Andaluz de I+D+i y en consonancia con las líneas estratégicas nacionales y europeas en este ámbito. Los fines que estas estrategias persiguen se focalizan en el impulso de la mayor estabilidad del personal investigador, la atracción de talento y la aplicación práctica de la investigación de excelencia. Sin embargo, estos programas carecen de evaluaciones, al menos publicadas, sobre sus resultados y cumplimento de los objetivos fijados.
Gasto sanitario y farmacéutico
El gasto público sanitario consolidado en la Comunidad Autónoma de Andalucía alcanzó, en 2021, los 12.638 millones de euros, un 6,6% más que el año anterior. Esta partida representó el 7,9% del PIB andaluz, siendo la sexta comunidad autónoma en gasto público sanitario por PIB.
Este gasto público sanitario, atendiendo a su clasificación económica, se desglosó en remuneración de personal (un 48,1%), consumos intermedios (un 26,1%), conciertos (un 4,0%) y otros (un 21,9%). Por su parte, atendiendo a su clasificación funcional, se repartió entre servicios de atención personalizada (un 59,7%), atención primaria (un 17,7%) y otros (un 5,3%).
En relación con el gasto farmacéutico andaluz, se constató en 2022 un incremento del 5,53% respecto al año anterior, resultando un gasto total de 2.252,1 millones de euros.
Por su parte, el número total de envases facturados del Sistema Nacional de Salud, igualmente para 2022, para el caso de la comunidad autónoma andaluza, fue de 208,1 millones, lo que supuso una variación interanual positiva del 7,2%. Siendo el gasto medio por receta facturada de 10,82 euros, lo que significó 17 céntimos menos que el año anterior.
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