La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla ha calificado, en su beneplácito a la admisión a trámite de la demanda interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), de «un atentado al derecho de igualdad de acceso a la función pública» la adjudicación por la Junta de Andalucía de plazas de funcionarios interinos «sin tener en cuenta los méritos de los participantes y estableciendo la adjudicación exclusivamente por el orden de entrada de la petición»
El pronunciamiento del fiscal Víctor Domínguez se enmarca en las diligencias 148/20 sobre derechos fundamentales, que aborda el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de Sevilla, después de que el SAF presentara «más de 20 demandas» contra las convocatorias de diferentes cuerpos de funcionarios por vulneración de derechos fundamentales, «no sobre los nombramientos», según ha precisado el presidente del SAF, Carlos Sánchez, en declaraciones a Europa Press.
En su escrito, el fiscal se pronuncia favorablemente a favor de la estimación de la demanda por argumentar que, «con la actuación de la Administración, se vulneran los derechos fundamentales alegados» y, tras explicar su rechazo inicial a la adopción de medidas cautelares como reclamó el Sindicato Andaluz de Funcionarios por «el carácter urgente que puede haber exigido la cobertura inminente de plazas», ahora sostiene que «no justifica que, con carácter definitivo, se consolide una situación laboral en la esfera pública sin contar con los méritos de la persona«, tal y como denunció EL LIBRE el pasado verano en diferentes artículos.
El fiscal ha argumentado que «la selección de funcionarios interinos ha de realizarse, a tenor de lo que dispone la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad«.
Vulneración de derechos fundamentales
Carlos Sánchez ha manifestado que espera una decisión judicial de unificación de todas las demandas presentadas, porque «son idénticas» en su planteamiento de vulneración de derechos fundamentales en diferentes cuerpos de funcionarios convocados.
Tras cuestionarse el comportamiento de una Administración que se llama «democrática», el presidente del SAF ha sostenido que el procedimiento tendría que haber sido «una llamada a la gente de la bolsa y, cuando se agota la bolsa, se recurre al SAE (Servicio Andaluz de Empleo)».
«Poniéndose las pilas se resuelve en una semana«, ha esgrimido Carlos Sánchez, quien ha apuntado que los funcionarios seleccionados «han tardado más de un mes en tomar posesión», por lo que ha ironizado sobre que se haya llamado «exprés al procedimiento».
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