El Servicio Andaluz de Salud es ‘un fuera de la ley’

A los directivos de la consejería y del Servicio Andaluz de Salud sólo les falta vestirse de bandoleros y echarse al monte. Con el beneplácito e inacción del gobierno andaluz que preside Moreno Bonilla, el SAS sigue incumpliendo impunemente leyes y reglamentos sobre su estructura y funcionamiento

La Asociación Justicia por la Sanidad ha averiguado que el máximo órgano de dirección del SAS (Consejo de Administración) se ha reunido una sola vez desde el año 2000, a pesar de las relevantes atribuciones que legalmente le corresponden a dicho órgano. Mientras tanto, los partidos políticos silencian este hecho y que el SAS carece de estatutos, aunque el gobierno andaluz tenía como fecha límite legal para aprobarlos el 30 de junio de 2011.

La respuesta remitida por el SAS a la Asociación Justicia por la Sanidad se ha demorado injustificadamente, evitando con ello que se conociera la información sobre el Consejo de Administración antes de la celebración de las últimas elecciones generales del 23 julio. En primer lugar, la Consejería de Salud y Consumo derivó al SAS la solicitud de la información habiendo transcurrido ocho días desde la presentación (primera demora), comunicando que la competencia era del SAS a pesar de que la consejera de Salud es la presidenta del citado Consejo y quien debe convocarlo; después, el SAS prorrogó los 20 días hábiles de plazo que tenía para responder con otros 20 días (segunda demora) con la peregrina excusa de que tenían que investigar en los archivos, cuando debía existir una secretaría de dicho Consejo que custodiase las convocatorias y actas de sus sesiones. En total, han demorado la respuesta más de dos meses. Y todo ello para contestar que se ha reunido una sola vez en los últimos 23 años, después de las citadas elecciones.

Señala el SAS en su respuesta que, «tras la búsqueda realizada en la aplicación Archiva y revisada la documentación localizada en soporte papel que obra en el Archivo Central del Servicio Andaluz de Salud, le informamos que en el periodo solicitado la reunión que consta del citado Consejo tuvo lugar el día 20 de octubre de 2003″.

Creación del SAS y de su Consejo de Administración

El SAS se creó mediante la Ley 8/1986, como un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía adscrito a la Consejería de Salud y Consumo. Su estructura y funcionamiento, de conformidad con dicha ley, se determinaría reglamentariamente. Esta regulación del SAS se derogó mediante la Ley de Salud de Andalucía de 1998, que estableció una nueva, manteniendo el Consejo de Administración del SAS con las mismas atribuciones legales, con un único cambio relativo a la Memoria anual de gestión del SAS que, según la nueva regulación, debe aprobarla anualmente.

Aunque en la ley de creación del SAS se establecía que el Consejo de Administración debía funcionar siempre en pleno como un órgano colegiado y reunirse bimestralmente, esta obligación se elimina en la Ley de Salud de Andalucía, indicando que «se reunirá con la periodicidad que reglamentariamente se establezca, y siempre que lo convoque su Presidente».

Y aquí está la trampa: nunca se ha desarrollado reglamentariamente, a pesar de que la estructura del SAS se ha ido modificando mediante múltiples decretos del gobierno andaluz. Desde su creación en 1986, el gobierno andaluz ha aprobado 17 decretos regulando la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del SAS y en ninguno de ellos se ha mencionado al Consejo de Administración del SAS, aunque sí a los Consejos de Administración de las agencias empresariales sanitarias en algunos.

Desde 1986, el SAS cuenta con los siguientes órganos superiores de dirección y gestión:

1. Consejo de Administración (máximo órgano de dirección).

2. Dirección Gerencia.

3. Las direcciones generales que se establezcan.

Conforme a la Ley de Salud de Andalucía de 1998, las relevantes atribuciones del Consejo de Administración son:

1. Definir los criterios de actuación del SAS, de acuerdo con las directrices de la Consejería de Salud, así como la adopción de las medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios gestionados por el SAS.
2. Elevar a la Consejería de Salud el anteproyecto del estado de gastos e ingresos anual del SAS.
3. Aprobar la Memoria anual de la gestión del SAS.
4. Cuantas otras se deriven de la normativa vigente.

Y según la misma ley, son miembros del citado Consejo los siguientes:

1. El consejero de Salud, que lo preside.
2. Los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Los representantes de las corporaciones locales.
4. Los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel de Andalucía.
5. Los representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas a nivel de Andalucía.

La Asociación Justicia por la Sanidad ha preguntado también a la Consejería de Salud si algunos de estos miembros del Consejo de Administración habían solicitado la convocatoria de alguna reunión, respondiendo el SAS que «no se ha hallado información al respecto». Es decir, según la consejería de Salud y el SAS, los supuestos representantes de la sociedad andaluza se han desentendido de unas funciones legales significativas. ¿Asistieron estos a la única reunión celebrada en 2003?

Debe recordarse que el Parlamento andaluz, con mayoría absoluta del PSOE, aprobó una primera modificación en la composición de los miembros del Consejo de Administración del SAS mediante la Ley 2/1993, recalcando en su preámbulo que «una mayor participación de los diferentes representantes de los intereses colectivos de los ciudadanos en la dirección del Servicio Andaluz de Salud aconseja la inclusión de los agentes sociales de mayor implantación en Andalucía en el Consejo de Administración del citado organismo».

Posteriormente, en la tramitación de la Ley de Salud de Andalucía de 1998, el PP defendió con varias enmiendas que la ley debía cerrar los miembros del Consejo de Administración del SAS, que «no se puede quedar al arbitrio de cualquier Gobierno, sea el que sea… porque resulta que el Servicio Andaluz de Salud consume casi un tercio de los presupuestos de esta Comunidad. Hay que ser muy coherente y saber quiénes son los representantes, tanto de la Administración como de los distintos estamentos sociales, que se van a sentar en ese Consejo» (Debate del Dictamen de la Comisión, DSPA-C núm. 117, de 6 de mayo de 1997).

De las palabras a los hechos no sólo hay un gran trecho, sino años-luz de distancia. Resulta obvio que los gobiernos del PSOE y PP, en solitario o en coalición con IU o Ciudadanos, han eludido cualquier tipo de control de los ciudadanos en el “máximo órgano de dirección” del SAS. Y el Parlamento andaluz, integrado por unos supuestos representantes del pueblo (la gran mentira de los partidos), han silenciado el asunto por pura conveniencia. Después se les llenará la boca a todos los políticos con la palabra democracia (poder o gobierno del pueblo) en un ejercicio de hipocresía y cinismo propio de estados totalitarios. Y lo grave es que esta situación de sumisión al poder es apoyada por la mayoría del electorado andaluz con sus votos a los partidos, quejándose después de los abusos de poder del gobierno de turno y del Parlamento andaluz en un ejercicio de absoluta incoherencia.

Otro grave incumplimiento legal: la no aprobación de los estatutos del SAS

Con la aprobación en 2007 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), el SAS se convirtió en una agencia administrativa. Esta Ley habilitaba e instaba al gobierno andaluz a aprobar los estatutos del SAS, que debía contener estos puntos esenciales:

1. La determinación de los máximos órganos de dirección de la entidad, sus competencias, su forma de designación e indicación de aquellos cuyas resoluciones agoten la vía administrativa.
2. Funciones y competencias, con indicación de las potestades administrativas que la entidad pública pueda ejercitar, y la distribución de competencias entre los órganos de dirección, así como el rango administrativo de los mismos.
3. El patrimonio que se le adscriba para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar la entidad.
4. El régimen relativo a los recursos humanos, patrimonio y contratación.
5. El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, de control financiero y de contabilidad.
6. La facultad de creación o participación de sociedades mercantiles cuando sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.

La Ley 9/2007 concedía al gobierno andaluz un plazo de tres años para aprobar dichos estatutos, que finalizaba el 31 de enero de 2011, y debía realizarlo a propuesta conjunta de las consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, de acuerdo con la persona titular de la Consejería de Salud. Este plazo fue ampliado posteriormente hasta el 30 de junio de 2011. Posteriormente, el Decreto 216/2011 estableció que, antes del 30 de junio de 2012, las agencias administrativas debían adecuarse a su contenido, lo cual afectaba al SAS.

Ha de resaltarse que hay otras agencias administrativas andaluzas que sí disponen de estatutos, como ocurre con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), aprobados mediante el Decreto 277/2009, o el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, mediante el Decreto 34/2008.

Para disfrazar esta ausencia de estatutos, el gobierno del PP y Cs efectuó en 2019 una consulta pública previa sobre el anteproyecto de decreto de aprobación de los estatutos del SAS, reconociendo en el documento de consulta que se estaba incumpliendo la normativa legal. Pero ahí quedó todo, en una mera actuación teatral de tantas. Lo relevante es que, a fecha de hoy, siguen sin aprobarse tanto la regulación reglamentaria del Consejo de Administración del SAS como los estatutos del SAS.

Por tanto, resulta obvio que no interesa a los partidos que exista un mínimo control ciudadano del SAS desde su máximo órgano de dirección, constituyendo esta agencia un pozo de corrupción de proporciones colosales en comparación con el caso ERE, tal como este diario lleva denunciando desde hace años.

La inseguridad jurídica está servida con esta impune vulneración del ordenamiento jurídico, a pesar de establecer la Constitución del 78 que la seguridad jurídica queda garantizada con el texto constitucional. Y esta es la clave: la Constitución no garantiza nada, es papel mojado y, por ello, es alabada tanto por los partidos y demás vividores del régimen partidocrático. Lo relatado en este artículo constituye un claro ejemplo del respeto que los partidos políticos tienen al pueblo andaluz que dicen representar, a las instituciones públicas de gobierno y a las leyes que ellos mismos aprueban.

El PSOE ha sido el primer partido en timar a los andaluces, habiendo tenido mayoría absoluta para cumplir las leyes y reglamentos mencionados. Después fue IU-CA, cuando gobernó con el PSOE desde 2012 a 2015, que pudo obligarlo, pero ni lo planteó siquiera. Posteriormente fue Ciudadanos, que nada le importó la adecuada gestión de la sanidad pública cuando apoyó al PSOE hasta 2019 ni gobernando con el PP de 2019 a 2022, apoyados por Vox en el Parlamento. Por último, el PP, el partido que gobierna desde 2019 y que tanto vendió ese supuesto cambio, pero que nunca llega ni llegará con este régimen partidocrático, porque son otra banda de inútiles, incompetentes y vividores del erario público, que huyen de la transparencia y participación ciudadana, que sólo cuentan con aquellas personas que sean dóciles y serviles a cambio de subvenciones, nombramientos, contratos, conciertos y demás dádivas.

La Asociación Justicia por la Sanidad no para de presentar pruebas de tan colosal estafa a los ciudadanos, pero muchos de estos siguen vendiendo sus almas al diablo, mendigando migajas y creyendo en estas bandas de ladrones y farsantes. No se puede caer más bajo ni tener menos dignidad como pueblo.

¿Qué sociedad tan deplorable, hipócrita y mísera permite estas aberraciones?