El SAS mantuvo la ilegalidad denunciada por la Intervención General y continuó efectuando pagos indebidos

En varios informes anuales consecutivos de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso la asociación “Justicia por la Sanidad”, se indicó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) venía incumpliendo la legalidad vigente y realizando pagos indebidos. Los hechos ocurrieron con gobiernos del PSOE y con el anterior del PP y C´s.

A pesar de dichos informes de la Intervención General, y de otras denuncias presentadas por un servidor y por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en distintos organismos de la Junta de Andalucía, el SAS no sólo no rectificó sus actuaciones ilegales, sino que mantuvo dicha práctica y continuó con los pagos indebidos.

La primera práctica ilegal del SAS consiste en la creación de puestos o unidades “fantasmas” en sus Servicios Centrales, al margen de sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) aprobadas legalmente. Para colmo, para dirigir dicho puesto o unidad “fantasma” durante años, el SAS designa a dedo a algún funcionario, sin cumplir la normativa con relación a la adscripción a puestos de trabajo o asignación de funciones. También se designa a dedo igualmente a otros funcionarios para trabajar como subordinados en dichas unidades o en algún Servicio existente en las RPT de los Servicios Centrales del SAS. Los funcionarios designados suelen tener su puesto de trabajo en Distritos, Áreas o Centros sanitarios de Andalucía (centros de Salud u Hospitales), por lo que en ocasiones necesitan desplazarse diariamente desde sus localidades de residencia hasta la ciudad de Sevilla.

Uno de los efectos perniciosos que produce esta ilegalidad es la pérdida de personal necesario en los centros, áreas o distritos sanitarios a los que están adscritos dichos profesionales. Además, aunque trabajan físicamente en los Servicios Centrales del SAS, siguen cobrando por los puestos asignados legalmente en sus centros de trabajo, cuyas retribuciones suelen ser más elevadas que las de los puestos de las RPT de los Servicios Centrales del SAS.

La asociación “Justicia por la Sanidad” denunció en su día esta práctica ilegal, como puede comprobarse en esta comunicación de la que se hizo eco este diario: “Designaciones arbitrarias en el SAS”.

La gravedad de este asunto estriba en dos aspectos claves:

1º) Aunque fue denunciado en distintos órganos competentes de la Junta de Andalucía para que se restableciera la legalidad, incluso internamente por la propia Intervención General de la Junta en sus informes anuales, ningún responsable actuó, y tienen nombres y apellidos.

2º) Se han producido pagos indebidos, como se verá a continuación con el caso concreto denunciado, sin recuperarse todos los importes. Para colmo, dicho gasto era absolutamente innecesario.

¿Se han exigido las correspondientes responsabilidades a los funcionarios y directivos que lo han permitido? Esta práctica ilegal fue denunciada, en primer lugar, a la Inspección General de Servicios, adscrita a la entonces Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirigía la actual ministra María Jesús Montero, con relación al caso concreto de uno de esos puestos “fantasmas” creado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS. La denuncia fue presentada por un servidor el 14 de octubre de 2017, motivando las ilegalidades cometidas y acreditándolo documentalmente. El Inspector actuante, Luis Javier Jover Oliver, no admitió a trámite la denuncia y evitó investigar la ilegalidad que, ya entonces, venía denunciando la Intervención General de la Junta en sus informes anuales.

Dicho coloquialmente, el citado Inspector “se lavó las manos” con el incierto pretexto de no estar previsto en la norma que pudiera actuar, a pesar de lo establecido en el artículo 23.4 del decreto que regula la Inspección General de Servicios y que el propio Inspector citaba en su escrito: “En ningún caso la Inspección General de Servicios atenderá las reclamaciones que el personal al servicio de la Administración Pública pudiera plantear en relación con cuestiones particulares derivadas de su situación como tal, sin perjuicio de que, si de las mismas se dedujeran indicios de anormal funcionamiento de los servicios, aquélla pueda iniciar de oficio las actuaciones que considere oportuno poner en práctica.” De la denuncia no sólo se deducían los indicios del anormal funcionamiento, sino que se probaba documentalmente la ilegalidad. Sin embargo, el Inspector no consideró oportuno actuar, mientras la Intervención General ponía de manifiesto dicha ilegalidad en sus informes.

La concreta unidad “fantasma” denunciada fue la de “Coordinación de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental”, que fue creada mediante la Resolución SC 275/05, de 20 de abril de 2005, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS. Este órgano, en la misma resolución, designó al funcionario J.P. para dicho puesto inexistente en la RPT del SAS.

Por otro lado, téngase en cuenta la posible duplicidad existente: dos años antes se había creado, mediante el Decreto 241/2003, un puesto de trabajo en la RPT de la Consejería de Salud denominado “Coordinación General de Salud Ambiental y Alimentación”, nivel 30, así como dos Servicios: uno, denominado “Seguridad Alimentaria y Laboratorio”, y otro, denominado “Salud Ambiental”, ambos de nivel 28.

Igualmente, el Sindicato Andaluz de Funcionarios presentó un escrito el 21 de noviembre de 2017 ante la Viceconsejería de Salud, en el que denunciaba, con relación al mismo caso, la ilegalidad cometida por el SAS con desprecio absoluto de la competencia, del procedimiento y de los derechos fundamentales consagrados en la CE y en las leyes, y se pedía que el funcionario J.P. que se había designado volviera a su puesto de trabajo en el distrito sanitario de la provincia de Cádiz, que es el que legalmente tenía asignado y conforme al cual percibía sus retribuciones públicas. ¿Cuál fue el resultado? El SAS siguió actuando ilegalmente, lo habitual con este sistema partidocrático que permite los abusos de poder sin castigo a sus responsables, y cuando se sanciona, ni siquiera es proporcional al daño que han generado.

Importe acreditado de los pagos indebidos efectuados por el SAS

Según los informes de cumplimiento de legalidad sobre expedientes de gasto de la Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz- Hospital “Puerta del Mar”, correspondientes a los años 2018 y 2019, elaborados por la Intervención Provincial del SAS, el citado funcionario, además de cobrar las retribuciones del puesto que ocupaba en el distrito gaditano, también cobraba indebidamente unas indemnizaciones por dietas y locomoción (desplazamientos casi diarios desde la provincia de Cádiz a Sevilla).

Según los datos de los citados Informes, desde el año 2014 al año 2019, dicho funcionario recibió un importe de 66.292 euros en concepto de indemnizaciones, al margen de las retribuciones del puesto que ocupaba en un distrito sanitario de la provincia de Cádiz.

Estos hechos ocurrieron en Andalucía con gobiernos del PSOE, pero también gobernando el PP y C’s, los supuestos partidos del “cambio”: según los citados informes, el SAS abonó al citado funcionario la cantidad total de 8.745,29 euros en el año 2019. Se desconoce si, desde el año 2005 en el que se creó la citada unidad y se designó como coordinador al citado funcionario, se han pagado también dichas indemnizaciones, por lo que el importe total de los pagos indebidos pudiera ser, en su caso, mucho mayor. Igualmente, se desconoce si se ha exigido el reintegro de dichas cantidades indebidamente pagadas, y si también se han pagado indebidamente dichas indemnizaciones a otros funcionarios que, en su caso, se desplazaban igualmente desde otras provincias a la ciudad de Sevilla.

Para que el funcionario pudiera cobrar dichas indemnizaciones, algún cargo responsable del SAS debía firmar las necesarias Órdenes de Viaje. Sin embargo, como acertadamente manifiesta el Interventor, se estaba haciendo una utilización incorrecta y reiterada de las indemnizaciones por razón del servicio paga sufragar gastos de supuestos no previstos en su normativa reguladora.

Además, el Interventor reiteraba lo dicho en informes anteriores sobre el artículo 8 del Decreto 54/1989, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía: debió crearse el correspondiente puesto de trabajo en Sevilla para ejercer las funciones que exigen los desplazamientos, lo mismo que se había denunciado a la Inspección General de Servicios y a la Viceconsejería de Salud de la Junta de Andalucía, omitiendo estos sus obligaciones legales. ¿Nadie ha exigido responsabilidades?

Decía el Interventor, en uno de sus informes, lo siguiente:

“las Órdenes de Viaje que afectan al funcionario en todos los ejercicios controlados, no cumplen el requisito legal de la circunstancialidad, puesto que en conjunto conforman un todo del que se deduce que los desplazamientos ordenados son habituales. Es más, el artículo 8 del citado Decreto 54/1989 establece lo siguiente:

En el caso de que inicialmente se prevea que los cometidos especiales a realizar exigieran un tiempo superior a un año, se procederá a tramitar la creación del correspondiente puesto de trabajo en el departamento, organismo o entidad de que se trate, de acuerdo con la normativa vigente. El mismo trámite deberá seguirse en el caso de que la necesidad de creación del puesto de trabajo surja durante el transcurso de la comisión de servicio”.

Por lo tanto, dado que el puesto “fantasma” fue creado en el año 2005 y la necesidad de creación del puesto en la RPT del SAS era más que evidente, dice el Interventor en su informe que “entendemos que si las labores a realizar por D. J.P., exigen que éste se desplace la práctica totalidad de los días del año a la localidad de Sevilla, desde…, donde está situado su puesto de trabajo, procedería tramitar la creación de dicho puesto en la localidad de Sevilla.”

Esta previsión legal, de haberse cumplido, hubiera evitado el pago indebido por el SAS de dichas indemnizaciones. Sin embargo, tanto la Inspección General de Servicios y la Viceconsejería de Salud como el SAS omitieron sus deberes, y dejaron que la ilegalidad se mantuviera. Por último, advertía el Interventor que “la falta de adopción de las medidas concretas de corrección para subsanar las deficiencias observadas en las recomendaciones derivadas de los incumplimientos identificados en los apartados de salvedades de especial relevancia, así como la no tramitación de los reintegros que puedan proceder de las mismas, podrá dar lugar a la emisión de un informe de actuación conforme a lo previsto en la Instrucción nº4/2017, de la Intervención General de la Junta de Andalucía”. Era obvia la gravedad del asunto.

Sin embargo, vista la reiteración producida año tras año, podría deducirse que no se emitió ningún informe de actuación ni se tramitaron dichos reintegros, y que la Administración andaluza ha estado realizando pagos indebidos sin exigir las correspondientes responsabilidades a sus autores y cooperadores necesarios, pudiéndose haber incurrido en un presunto delito de prevaricación u otros delitos, en su caso, porque es obvio que se ha estado actuando “a sabiendas” de la ilegalidad.

Origen de las ilegalidades denunciadas.

¿Por qué el SAS no solicitó la creación del puesto o unidad en la RPT de sus Servicios Centrales, si las funciones de dicho puesto “fantasma” se estuvieron realizando desde el año 2005, en su caso? La respuesta es evidente: lo que interesa a los gobernantes son los nombramientos a dedo, sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad, es decir, las designaciones arbitrarias. Si se hubiera creado el puesto en la RPT, el SAS hubiera tenido que convocar el puesto públicamente en el BOJA, y hubiera sido ocupado por un funcionario, evitándose el pago de dichas indemnizaciones.

¿Piensan ustedes que este tipo de prácticas ilegales ya se han acabado en el SAS? Como reitero en mis artículos, este tipo de escenarios es el habitual con este sistema partidocrático: una corrupción sistémica que nadie corrige, pues todas las instituciones están controladas por los partidos políticos para beneficio propio, sin que existan mecanismos que puedan evitarlo.

Da igual que un funcionario denuncie reiteradamente en sus informes graves ilegalidades, porque las autoridades competentes que tienen el deber legal de actuar no lo hacen, dado que estas saben que no sufrirán consecuencias punitivas. Y da igual el partido que gobierne, pues ninguno actuará para poner fin a estos abusos de poder. ¿Puede alguien imaginarse a un partido gobernante restándose poder y, por tanto, perdiendo los beneficios que obtiene? Yo no puedo. Los humanos no somos ángeles, y si lo fuéramos, no serían necesarios los gobiernos (Madison dixit).

Sólo la mayoría de la nación o pueblo español podría evitar estos abusos de poder. Seguir votando listas elaboradas por los partidos sólo conseguirá perpetuar el sistema partidocrático y su corrupción inherente, pues los españoles seguiremos sin controlar el poder Legislativo y, por tanto, tampoco el poder Ejecutivo, dado que ambos están íntimamente entrelazados. Mientras más tarde esa mayoría en descubrirlo, más tiempo sufriremos todos sus dañinos efectos.