En relación con los hechos objeto de la entrega, el auto recuerda que la investigada era la responsable de los comandos legales de ETA y estaba integrada en la cúpula ejecutiva de la organización en la época que se cometió el secuestro y asesinato del concejal de Ermua
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la emisión de una Orden Europea de Detención (OED) a las autoridades de Francia para recabar su consentimiento para el procesamiento de la que fuera dirigente de ETA María Soledad Iparaguirre, Anboto, por el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.
En un auto, el magistrado acuerda librar la OED a las autoridades de Francia, que acordaron la entrega de Anboto a España, pero han comunicado que la investigada ha manifestado en declaración judicial que no accede a ser entregada a España por estos hechos ni renuncia al principio de especialidad.
García Castellón recuerda que Anboto fue entregada a España con anterioridad a que se formalizara su imputación por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, por lo que, de acuerdo con el principio de especialidad, el Estado miembro que desee procesar o condenar a una persona por un delito cometido antes de su entrega, en ejecución de una orden distinta de la que motivó su entrega, deberá obtener el consentimiento del otro país que acordó su entrega.
«Por tanto, para poder procesar por los hechos nuevos a la persona que se acoge al principio de especialidad, resulta necesario la emisión de una segunda orden de detención europea«, tal y como tiene declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), afirma el juez.
En relación con los hechos objeto de la entrega, el auto recuerda que la investigada era la responsable de los comandos legales de ETA y estaba integrada en la cúpula ejecutiva de la organización en la época que se cometió el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.
En otro auto, el magistrado desestima la solicitud del PP en esta misma causa para que se acuerde ya el procesamiento de varios exjefes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Considera el juez prematura la solicitud al estar pendientes todavía varias diligencias de investigación.
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