El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el Estado de Alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la «capacidad para ganar la batalla» contra el coronavirus
En una entrevista en Las mañanas de RNE, Ábalos ha explicado que el Ejecutivo buscará fórmulas para «prorrogar esta situación» que obliga a los ciudadanos a permanecer en casa salvo para algunas excepciones. «Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida… no tendría ningún efecto«, ha sostenido.
En este contexto, el titular de Transportes ha apuntado que la aplicación de medidas adicionales dependerá de la «eficacia» de las que ya han sido adoptadas. «Si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo a los requerimientos y no frivolizamos, evidentemente tendrán más efecto», ha añadido.
Así, el ministro ha insistido en que el Gobierno está «testando la eficacia de las medidas de forma continúa», aunque no se espera que tengan un impacto inmediato. «No creo que en 15 días estemos en la capacidad de ganar esta batalla«, ha zanjado.
Incautación de mascarillas
En la comparecencia de hoy de los responsables de la crisis del coronavirus, se ha informado de la incautación de 150.000 mascarillas en Jaén, que serán llevadas a Madrid, la comunidad más perjudicada por la pandemia hasta el momento.
La Unidad Militar de Emergencias (UME), una fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, se encuentra desplegada, a día de hoy, en Málaga, Sevilla, Burgos, Logroño, Madrid, Guadalajara, La Rioja, Teruel, Valladolid, Valencia, Zaragoza, León, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Y en las próximas horas, efectivos de la UME se desplegarán en más ciudades.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha expresado: «La letalidad va variando según los grupos afectados y no es homogénea. En las zonas donde los afectados son más jóvenes, la letalidad es menor. En las provincias donde el brote se ha producido en residencias de mayores o en centros de salud, el índice de letalidad es mayor. Hay que garantizar que las personas de riesgo estén bien protegidas. Hay que cumplir a rajatabla el no moverse de casa».
Sanciones serias
El Gobierno aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana y, en casos extremos, el Código Penal, para aquellos que salgan a la calle e incumplan las normas del estado de alarma. Según explican fuentes de Interior, siguiendo la lógica de la «diligencia y la proporcionalidad«, se sancionarán casos puntuales y que, sobre todo, supongan una situación de desobediencia a la autoridad.
Los agentes están amparados en dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que permitirían sancionar a las personas que incumplan las normas establecidas en el decreto del estado de alarma aprobado para frenar la expansión del coronavirus.
Se trata del artículo 37.5: «La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aún con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave». Según esta legislación, esto supone una falta leve que puede ser sancionada con multas de entre 100 y 600 euros.
Pero hay un artículo aún más contundente, el 36.6: «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».
En este caso, sería una falta grave, sancionable con entre 601 y 30.000 euros. Esta segunda opción, según Interior, no es la que contemplan los agentes. Recuerdan que se regirán por criterios de «proporcionalidad».
Multas de más de 60.000 euros
El artículo 57.2 de esta norma define como falta muy grave, sancionable con entre 60.001 y 600.000 euros, «la realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población», así como «el incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud».
Además, ponen sobre la mesa el Código Penal para casos muy graves de desobediencia ciudadana. Se trataría del artículo 556: «Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
Gracias por toda esa información, tenemos que acatar las normas y todo esto tendrá su recompensa.