La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) mantiene que el personal de la Fundación Progreso y Salud formará parte del Instituto de Salud de Andalucía en una «situación de desigualdad laboral grave», dado que no cuenta con un convenio colectivo que regule sus relaciones laborales. Sin embargo, esta organización sindical denuncia que la Junta de Andalucía protege a seis directivos de esta Fundación para que sus puestos se puedan convertir en «puestos asociados a contratos indefinidos ordinarios»
La creación del Instituto de Salud de Andalucía (ISA) supone la fusión de dos organismos de la Junta: la Fundación Progreso y Salud (FPS) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). A esa fusión, los trabajadores de la FPS van en una situación desfavorable, ya que, a diferencia de los que vienen de la EASP, no tienen un convenio colectivo que regule sus relaciones laborales.
De este modo, CCOO Andalucía afirma que este personal pasará a formar parte del ISA, una agencia administrativa de la Junta, en una «situación de desigualdad laboral grave» que no se ha querido corregir.
Este sindicato recuerda que el personal de la FPS no tiene convenio colectivo porque, desde hace cinco años, la Consejería de Hacienda y los organismos encargados del sector público instrumental han bloqueado la negociación del que se había negociado y firmado, es decir, el primer convenio colectivo de las fundaciones para la investigación biosanitaria en Andalucía, alegando que suponía «un incremento de masa salarial».
Irregularidades
«Sin embargo, a los mismos que celosamente vigilaban y bloqueaban todo incremento de masa salarial que pudiera mejorar la situación del personal, corrigiendo injusticias y desigualdades, o reconociendo nuevos derechos, no les ha temblado la mano a la hora de tomar medidas que garanticen el futuro de directivos de la FPS«, asevera el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González.
Estos seis directivos, cuyos contratos de alta dirección debían extinguirse con la creación del ISA, «han merecido toda la protección» de la Junta para que sus puestos se puedan convertir en «puestos asociados a contratos indefinidos ordinarios», es decir, jefaturas de servicio. De inmediato, la Dirección General del sector público instrumental, perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha elaborado un documento-informe, al que ha podido acceder CCOO, que avala la petición de autorización de la FPS para la modificación de su plantilla presupuestaria, amortizando los puestos asignados a «directivos profesionales» y creando esos nuevos «puestos asociados a contratos indefinidos ordinarios» en el ISA.
«Para poder dar la oportunidad a seis directivos de mantener sus puestos de FPS en el futuro ISA no ha habido problema en manejar las cifras. Según los datos del informe mencionado, se justifica una necesaria organización institucional, sin aumento de masa salarial», añade González, que señala que CCOO cuestiona estos datos, ya que se incluyen en dicho documento puestos que ya no forman parte de la plantilla de personal de la FPS desde hace bastantes años. «Según nuestros datos, los nuevos puestos serán dotados presupuestariamente por encima del coste actual», sostiene el líder sindical.
Además, según la memoria de creación del ISA, el ahorro que supuestamente se iba a generar por la extinción de estos seis contratos de alta dirección de la FPS permitiría la dotación económica para la convocatoria de nuevos puestos que serían ocupados por personal funcionario, por lo que también la estructura del ISA «sale perjudicada» por esta actuación de reorganización.
Mientras para garantizar el futuro de seis directivos no hay limitaciones, advierte que «las necesidades del personal de a pie» siguen enfrentándose a «una absoluta cicatería«. Por ejemplo, en uno de los centros de investigación que gestiona FPS, concretamente en Genyo, la dirección de la FPS ni siquiera ha admitido tramitar una reestructuración de plantilla por las necesidades y evolución del centro, en la que se proporcionaba a sus trabajadores un proceso de mejora para prestar un servicio de mayor calidad a los investigadores, adaptando los costes a la masa salarial existente, sin que hubiera aumento alguno.
Esto mismo viene ocurriendo en la mayoría de los centros de la FPS, donde se han denegado recurrentemente exigencias de los trabajadores, recibiendo «un trato desigual» y teniendo que recurrir a los tribunales para resolver lo que la Fundación decía no poder resolver «por limitaciones presupuestarias». «En pleno siglo XXI no es admisible que la Junta utilice dos varas de medir, una para los directivos y otra para el resto del personal», asegura González.
Satse: «Estas prácticas pondrían en entredicho la transparencia y la equidad»
Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse denuncia este asunto, tal y como ha hecho también UGT, añadiendo que la Fundación Progreso y Salud ha realizado «una serie de maniobras» en el proceso de contratación que «podría favorecer a un grupo determinado de directivos» y ha recordado que estas contrataciones, según el proyecto de decreto de los estatutos del Instituto de Salud de Andalucía, «deberían emplearse para el nombramiento de personal funcionario necesario para su correcto funcionamiento«. El Sindicato de Enfermería ha enviado escritos a la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto; al gerente de la Fundación Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín; y al secretario general de Salud Pública e I+D+I de la Consejería de Salud y Consumo, Isaac Túnez Fiñana, solicitándoles información sobre el proceso «a fin de aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades«.
Satse ha considerado que estas prácticas no solamente pondrían «en entredicho la transparencia y la equidad» en el acceso al sistema público andaluz, sino que también «afectarían directamente al prestigio» de la Fundación Progreso y Salud. «Es fundamental -en opinión del sindicato- garantizar que los procesos de contratación en el sector público se basen en criterios de mérito, capacidad y transparencia, tal y como se exige al resto de trabajadores de la Fundación Progreso y Salud».
Si hubieran liquidado los 26.000 Enchufados de la Paralela, esto ahora no pasaría. Nunca es tarde…..