La actual presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fue asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre marzo y junio de 2020. Tras ese servicio, fue nombrada máxima mandataria de la CNMC
En la presentación del Plan de Acción por la Democracia, que se llevó a cabo ayer, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habló de la parte que atañe al periodismo y afirmó que hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas «cuya finalidad no es informar». Para ello, se creará un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. «Ese registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», añadió.
Pues bien, la presidenta de la CNMC es Cani Fernández, abogada, profesora de Derecho y mujer de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que asesoró durante cuatro meses en su gabinete. La ciudadanía podría preguntarse qué clase de independencia puede tener la responsable de este organismo si, en su pasado reciente, trabajó en estrecha colaboración con Sánchez, ideólogo principal de esta iniciativa.
En el Consejo de Ministros del 16 de junio de 2020, presidido por Sánchez, Cani Fernández fue nombrada como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a propuesta de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño.
Según informa Moncloa, el plan recoge la reforma de la Ley de Publicidad Institucional en dos aspectos. Por una parte, como ya anunció el presidente del Gobierno, se introducen «criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de esa publicidad; estos serán elaborados a partir del trabajo con expertos en el sector de la comunicación y también con los grupos parlamentarios». Por otra parte, se modificará la ley para «garantizar que los sistemas de medición de audiencias cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad».
El objetivo, en ambos casos, según ha remarcado el ministro de Cultura, es «hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que, con dinero público, se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news«.
Protección de los periodistas
El plan pretende, igualmente, impulsar una ley del secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes. «Esto significa regular o hacer cumplir lo que ya prevé y reconoce el artículo 20 de la Constitución Española«, según ha apuntado Urtasun. En la misma línea, se traspone una directiva europea para proteger a los periodistas de acosos externos. La norma, según ha explicado el ministro, permite a los jueces desestimar con rapidez demandas manifiestamente infundadas contra periodistas o defensores de los derechos humanos.
Además, siguiendo el acuerdo del Gobierno de coalición, se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con las sanciones que reciben profesionales de la información por desarrollar su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El plan también propone revisar el marco regulatorio para hacer frente a los oligopolios mediáticos y limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, con el fin de evitar que haya medios impulsados directamente por ellas.
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