El sindicato del sector de la educación afirma que Imbroda miente cuando dice que esta resolución «nace del consenso de la comunidad educativa»
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado lunes el nuevo decreto que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Desde la Consejería de Educación y Deporte se ha presentado esta norma como «un avance en el derecho de libertad de elección de centros de las familias y la conciliación familiar». Igualmente el consejero, Javier Imbroda, declaró que la medida «nace del consenso de la comunidad educativa y recoge la mayor parte de las propuestas del Consejo Escolar de Andalucía, Mesa Sectorial y otros foros».
Pues bien, el sindicato ANPE-Andalucía denuncia la falsedad de esas declaraciones del consejero Imbroda: «Nada más lejos de la realidad. El derecho de las familias a la libre elección de centro educativo viene garantizado por la Constitución y las vigentes leyes educativas, tanto de rango estatal como autonómico. El propio Dictamen del Consejo Escolar de Andalucía corrige a la administración educativa, instando a que aclare que la libre elección de centros está condicionada a la planificación educativa, que, como responsable, realice la Consejería. La aplicación práctica del principio de libre elección de centros, que tradicionalmente ha respondido a criterios geográficos, en este nuevo decreto, se ve condicionada por la inclusión de un centro concertado en las zonas de escolarización que no cuenten con este tipo de centros, siempre que en la localidad convivan ambas ofertas. Este criterio, al que desde ANPE nos hemos opuesto, supone una discriminación positiva hacia los centros concertados y en la práctica provocará un desarraigo de parte del alumnado respecto a su lugar de residencia».
«Es el propio consejero Imbroda el que manifiesta una obsesión en promocionar la enseñanza privada concertada a costa del sistema público de enseñanza»
Por otro lado, ANPE-Andalucía subraya que «no es cierto que el nuevo decreto nazca del consenso de la comunidad educativa», puesto que desde la Mesa Sectorial, ANPE y el resto de organizaciones representativas del profesorado, de forma unánime, «manifestamos nuestro rechazo al mismo en fase de proyecto«. Y en el seno del Consejo Escolar de Andalucía, en el que está representada toda la comunidad educativa, se aprobó en pleno, el pasado 24 de octubre, un Dictamen por el que se instaba a la Consejería de Educación y Deporte a la supresión del artículo 9.4, en el que se introduce la inclusión de un centro concertado en zonas carentes de centros de esta tipología.
En repetidas ocasiones, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que debiera ser el máximo defensor del sistema público andaluz de enseñanza, ha acusado a este de “mirar de reojo” a la enseñanza privada concertada. Muy al contrario, desde ANPE señalan que «es el propio consejero el que manifiesta una obsesión en promocionar la enseñanza privada concertada a costa del sistema público de enseñanza».
Por último, el sindicato reafirma su firme postura en contra del nuevo Decreto de Escolarización: «Si, como consecuencia de este nuevo modelo de escolarización, se produjera una disminución de unidades en la enseñanza pública, desde ANPE convocaremos al profesorado a la movilización. El esfuerzo diario de nuestros profesionales, seleccionados a través de principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede ser torpedeado mediante una interesada invocación de los derechos de las familias, bajo la que se enmascare un trato de favor a intereses privados«.
Sí, claro, el mismo consenso que con los CEIPSO….