El Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía concertó servicios sanitarios con el Hospital de Bormujos (Sevilla), que presta toda su actividad asistencial al Consorcio Sanitario Público del Aljarafe (CSPA), una entidad pública con la que no podía celebrar conciertos sanitarios, aunque las infraestructuras del Hospital sean de titularidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Según la Ley General de Sanidad, sólo se pueden celebrar conciertos con entidades privadas que usen medios ajenos a los públicos. Y resulta que el CSPA, incluido el Hospital de Bormujos, pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía y su funcionamiento está financiado por la Junta de Andalucía.
Fue con fecha 30 de septiembre de 2013 cuando se formalizó el contrato administrativo denominado “PNSP 49/2013, Servicio Público en la Modalidad de Concierto, de los Hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme de Sevilla con el Hospital del Aljarafe, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla) para la Prestación de Asistencia Especializada, a los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía”. Sin embargo, aunque diga que pertenece a la Orden de San Juan de Dios de Bormujos, el Hospital presta toda su actividad asistencial al CSPA (financiado con fondos públicos), y por tanto, dicha actividad es pública.
Precisamente por ser el CSPA una entidad pública, se ha sometido a fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, incluido el Hospital. Además, como puede comprobarse en los propios Estatutos del CSPA, la totalidad de la capacidad asistencial del Hospital de San Juan de Dios de Bormujos es para la consecución de los fines del Consorcio, y es financiada por el SAS de acuerdo con el contrato-programa anual que, según dichos Estatutos, aprueba la Consejería de Salud para el CSPA con carácter vinculante, tal como se hace con el resto de Hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz.
El Tribunal Supremo confirma el carácter público del Hospital de Bormujos
Su carácter público lo ha ratificado recientemente el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de febrero de 2020, considerando que el Hospital de Bormujos no es un hospital privado “sino una entidad del sector público que presta un servicio esencial como es el sanitario», fijando doctrina y reconociendo trienios a un ATS que ha trabajado en dicho Hospital de Bormujos, como si de un empleado público se tratase, a pesar de que el SAS alegó que la titularidad del hospital es privada y que la Orden San Juan de Dios «asume la gestión con autonomía…”.
¿Significa eso que dicho Hospital del Sistema Sanitario público funciona sin ningún control del SAS? Si es el SAS quien aprueba el citado contrato-programa y financia su funcionamiento con transferencias previstas en los Presupuestos públicos, ¿cómo puede funcionar con “autonomía”? ¿Ha reconocido el SAS en el proceso judicial que no controla nada de lo que financia en dicho Hospital? Porque si es así, es muy grave que el SAS no asuma su responsabilidad.
Como advierte el Magistrado ponente de dicha Sentencia, “incumbe a la Administración prestar atención a las figuras peculiares que crea a fin de atender a consecuencias no buscadas de origen”, es decir, da un toque de atención y responsabiliza a la Junta de Andalucía por crear entidades instrumentales (de la “administración paralela”, como este Consorcio y las Agencias empresariales sanitarias) que conllevan conflictos permanentes, dada la inseguridad jurídica que producen estos siniestros inventos de los políticos que crean con fines espurios, y que al final acabamos pagando todos los ciudadanos.
Y ante todo esto, ¿qué medidas ha tomado el nuevo Gobierno del PP y Cs desde la toma de posesión, además de contar las hormigas del suelo? ¿Y los partidos de la oposición en el Parlamento de Andalucía?
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Además de estar prohibido legalmente concertar servicios sanitarios con una entidad cuya actividad forma parte del Sistema público (medios públicos), ¿por qué concertar y pagar de nuevo unos servicios sanitarios que ya se estaban pagando con la financiación del SAS?
Es decir, ¿significa esto que los medios del Hospital del CSPA, pagados con la financiación pública del SAS, se estaban utilizando para pacientes de otros Hospitales públicos, en detrimento de los pacientes del Aljarafe? ¿Acaso han ampliado el Hospital de Bormujos y lo han dividido en dos partes, una para la gestión concertada con “medios ajenos” y otra para la gestión del Consorcio? ¿Acaso en las nóminas del personal se señala quien ha trabajado para el concierto con sus fondos, y quienes para el CSPA con fondos de la financiación pública del SAS? Se puede asegurar que no, como dejó constancia la Cámara de Cuentas en uno de sus tantos informes de nulas consecuencias. Todo apunta a otro tipo de intereses, que debería ser investigado urgentemente por las instituciones públicas competentes, lo cual no ocurrirá porque los partidos políticos sólo miran intereses propios al margen de los intereses generales y públicos.
Se ha tenido acceso a los documentos del expediente del concierto y de las prórrogas posteriores. Las dos últimas prórrogas incumplían lo previsto en los documentos contractuales (eran posteriores al plazo máximo establecido en los Pliegos del concierto), aunque contó con dos informes favorables de la Letrada de Administración Sanitaria, María del Carmen Fernández Moreno, que no advirtió nada sobre el posible fraude de Ley al concertar con el Hospital que debía prestar toda su actividad asistencial para la entidad pública del CSPA.
El expediente inicial fue tramitado como negociado sin publicidad, siendo el Hospital de Bormujos el único licitador con el que se negoció, porque no se invitó a nadie más, a pesar de que ya existían en Sevilla otros Hospitales privados
El expediente inicial fue tramitado como negociado sin publicidad, siendo el Hospital de Bormujos el único licitador con el que se negoció, porque no se invitó a nadie más, a pesar de que ya existían en Sevilla otros Hospitales privados. Desde 2013 a 2018, la Orden de San Juan de Dios cobró por dicho concierto y sus prórrogas la cantidad de 10.895.524 euros, según la información facilitada por el propio SAS.
El expediente fue negociado entre el entonces gerente del Hospital de Bormujos, Joseba Barroeta Urquiza, y Salud Rivero León, entonces directora de la Plataforma Logística de Sevilla del SAS, y el contrato fue formalizado entre el primero y Francisco Javier Torrubia Romero, director gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
El informe jurídico inicial fue favorable, y fue suscrito el 30 de septiembre de 2013 por la Letrada de Administración Sanitaria, Matilde Vera Rodríguez, informe que despachó en seis líneas sin analizar el hecho de concertar con un centro sanitario que presta toda su actividad al Sistema público.
Asimismo, el Acta de Recepción favorable sobre los servicios prestados fue firmada el pasado 30 de abril de 2019 por el Subdirector de Control de Operaciones de la citada Plataforma Logística, Jaime Pérez Pérez, y el Interventor provincial del SAS, Domingo Pérez Torres. Tampoco hicieron mención alguna a la imposibilidad de concertar con un Hospital que formaba parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Las dos primeras resoluciones que autorizaban las prórrogas fueron firmadas por el entonces gerente del HUVR, Manuel González Suárez (tras dejar el Hospital Virgen del Rocío en octubre de 2015, fue contratado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios como Gerente del Hospital de San Juan de Dios de Córdoba, cargo que desempeñó hasta 2019); la siguiente prórroga por el entonces director gerente del HUVR, Manuel Romero Gómez, y las dos últimas, incumpliendo el plazo máximo previsto en el concierto inicial, por Nieves Romero Rodríguez.
Tras el cese de Alfredo Sánchez Monteseirín en el puesto de la Subdirección de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, asumió las funciones Blas García Vargas-Machuca, que ocupaba el puesto de coordinador de Programas de la misma, y al que se adjudicó el cargo después el 27 de agosto de 2018. Este último fue director asistencial de dicho Hospital de Bormujos, y formó parte del Consejo Rector del CSPA en representación de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Por este Consejo Rector del CSPA han pasado miembros conocidos como Jesús Bores Sáiz, Rocío Alarcón Medina y Antonio Toro Salas, en representación de la Orden Hospitalaria, y Jesús Huerta Almendro, Arturo Domínguez Fernández y María Dolores Alguacil Herrero, en representación del SAS, entre otros.
Al parecer, este concierto no es el único suscrito por el SAS con el Hospital de Bormujos, que se encontrarían en la misma irregular situación.
Un articulo muy interesante. Gracias por la ilustración. Reciba un cordial saludo.
Porque no se investiga a Juan Marín y Susana Díaz?
Porque no al actual Presidente Juanma y de nuevo, Juan Marín?
Porque VOX no dice nada?
En Andalucía no ha cambiado nada, se sigue gobernando con las corruptelas del PSOE Y Cs.
VOX Calla? Por qué?