Solamente dos de las 47 naciones exportadoras más relevantes, Suiza y Estados Unidos, se encuentran en la categoría de implementación activa, según el ‘Exporting Corruption Report 2022’, realizado por Transparencia Internacional
Los esfuerzos de los países para la implementación de la Convención Antisoborno para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , ha caído a su nivel más bajo desde que Transparency International comenzara a realizar en 2009 esta medición sobre 47 de los mayores exportadores del mundo.
El soborno internacional sigue siendo uno de los grandes problemas de la agenda global anticorrupción; sus consecuencias causan estragos en países de todo el mundo, canalizan ilícitamente dinero público en beneficio privado; fomentan una influencia indebida en la toma de decisiones de los gobiernos; lesionan la competencia; y perjudican el comercio internacional en favor de las grandes multinacionales. En países como Brasil, Malasia o Mozambique, estos delitos debilitan las instituciones públicas e incrementan la corrupción y la desigualdad, favoreciendo economías vulnerables.
El Exporting Corruption Report 2022 evalúa a 43 países firmantes de la Convención Antisoborno de la OCDE, junto con China, India, Hong Kong SAR y Singapur, durante un período de cuatro años (2018-2021). El informe incluye cuatro categorías de cumplimiento/implementación: activo, moderado, limitado y poco/nada. Los países son evaluados en función de los esfuerzos de implementación en diferentes etapas: según el número de investigaciones penales iniciadas, los cargos presentados por el Ministerio Público y los casos concluidos con sentencias condenatorias. Se asignan diferentes puntuaciones según las etapas de investigación en que se encuentren los casos y por la importancia de los casos mismos.
Dentro de las distintas categorías, los países son ordenados según su volumen en las exportaciones mundiales. El informe concluye que los esfuerzos de implementación siguen descendiendo con respecto a los últimos años. Solo dos países –Suiza y Estados Unidos, que representan solo el 11,8% de las exportaciones mundiales– se encuentran en la categoría de active enforcers por el número de persecución e investigaciones penales y las sentencias condenatorias en relación con la proporción de sus exportaciones.
En este sentido, tal y como ha declarado Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, «los gobiernos se enfrentan hoy en día a muchos retos, desde el aumento de la cleptocracia hasta el desastre climático y la crisis económica. Las redes transnacionales corruptas de empresas y sus facilitadores causan perjuicios, expulsando a los competidores, eludiendo las normativas y vaciando de recursos los presupuestos públicos. Con el soborno desenfrenado en los mercados públicos extranjeros, los beneficios ilícitos se aseguran a costa del desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos«.
La pandemia de la COVID-19 ha perturbado significativamente la actividad económica mundial y, sin duda, ha afectado a la capacidad de los países para cumplir con la implementación de la convención para combatir el cohecho en las transacciones comerciales internacionales, pero hay que señalar que la tendencia de descenso en la implementación de la Convención Antisoborno comenzó ya en 2018. Desde la primera edición del informe, publicada en 2009, el porcentaje de exportaciones mundiales procedentes de active enforcers se había mantenido por encima del 20% -casi el doble del porcentaje de este año-, hasta que comenzó a descender.
Tendencia al incumplimiento
Dos antiguos active enforcers, -el Reino Unido, con el 3,4% de las exportaciones mundiales, e Israel- bajaron este año al nivel de implementación moderada. Además, otros siete países descendieron en sus niveles de implementación, entre ellos España, que pasó del nivel moderado al limitado. Incluso respecto de Estados Unidos -el país con mayor rendimiento del mundo, y pese a que se mantiene en la categoría de implementación activa- ha caído significativamente en el número de casos investigados en 2021.
La mayoría de los países evaluados tienen una implementación limitada o nula, incluido China, el mayor exportador del mundo. En este grupo se sitúan 38 países, que representan el 55% del total de las exportaciones mundiales y donde los casos de soborno quedan prácticamente impunes. En todos los países se constata que persisten graves deficiencias en las leyes y en los sistemas de justicia, lo que dificulta considerablemente su aplicación. En un número significativo de países, las autoridades de investigación carecen de recursos e independencia suficientes y los alertadores o informantes carecen de una adecuada protección.
Pocos gobiernos publican información suficiente sobre los casos de soborno en el extranjero pendientes o concluidos, lo que obstaculiza la rendición de cuentas a los ciudadanos, a los países firmantes y a las personas perjudicadas, que merecen la oportunidad de poder recurrir.
Sin embargo, dos países han intensificado sus esfuerzos desde el informe anterior: Letonia y Perú. Aunque representan una pequeña parte de las exportaciones mundiales, ambos son signatarios relativamente nuevos (en 2014 y 2018, respectivamente), por lo que este progreso es una señal positiva.
A nivel mundial, la agenda anticorrupción sigue, sin embargo, intensificando sus esfuerzos, gracias al valiente trabajo de los periodistas de investigación, los informantes y las ONG para continuar sacando a la luz los casos de corrupción transfronteriza. La reciente revisión del estándar global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la transparencia de la titularidad real y las exigencias de registros públicos abre más oportunidades para la detección e investigación eficaz también de los casos de soborno internacional.
Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley también están empezando a cooperar más estrechamente, lo que es clave para el éxito de los casos transfronterizos complejos. En el célebre caso 1MDB, Malasia, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos colaboraron para imponer sanciones de hasta 2.300 millones de dólares y lograr la recuperación de activos por valor de 606 millones de dólares.
Para Gillian Dell, jefa de Convenciones en Transparencia Internacional y autora principal del informe, es importante no dejar de considerar los efectos y el impacto que estos delitos tienen en los países en que tienen lugar: «Incluso en los países que cumplen con su normativa antisoborno, el soborno internacional sigue siendo tratado como un delito sin víctimas. Esto significa que los Estados, cuyas empresas cometen delitos en el extranjero, llenan sus arcas con multas multimillonarias, mientras que las víctimas tienen que cargar con el coste.
Es hora de reconocer los derechos de las víctimas desarrollando mecanismos transparentes y responsables para compensar a los perjudicados, incluidos a los propios Estados extranjeros, las empresas competidoras y poblaciones enteras que sufren el soborno en el extranjero. Esto es esencial para alcanzar justicia y disuadir de futuras violaciones».
Para más información, puede consultar el informe completo pinchando aquí.
El hombre, no el escenario~dice Mr Melville~