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El denunciante de corrupción Roberto Macías, durante su ponencia telemática en México.

Política, Tribunales

Roberto Macías: «Tuve que llevar mi vida privada a la luz pública para garantizar mi seguridad personal y familiar»

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‘La Divina Comedia’, del escritor italiano Dante Alighieri, se divide en tres partes o cánticas: infierno, purgatorio y paraíso. Macías intervino recientemente en una ponencia con dirigentes del Gobierno de México y contó su experiencia como denunciante de corrupción en Andalucía, que también es un recorrido por «un terrible infierno, un doloroso purgatorio y un paraíso que, aún lejano, empieza a vislumbrarse», en sus propias palabras

El denunciante de corrupción Roberto Macías, el trabajador de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Andalucía que sacó a la luz el escandaloso caso de las facturas falsas hace ya siete años, provocando la caída de dos vacas sagradas del sindicato: Manuel Pastrana y Francisco Fernández, participó, recientemente y de forma telemática, en un taller sobre protocolo y medidas de protección al whistleblower. En esta jornada, intervinieron los máximos representantes del Gobierno de México en materia de protección a alertadores, entre ellos Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.

Macías informó a un periodista contrastado por su rigor como Pedro de Tena para que la sociedad se enterase del entramado corrupto que supuraba en la UGT Andalucía. «Fue tal el aluvión de datos que el líder sempiterno de la organización Manuel Pastrana, descartó su relección en mayo del año 2013. Éste se vio obligado a renunciar a su cargo acorralado por la prensa. Su sucesor, Francisco Fernández Sevilla, corrió la misma suerte y, en noviembre de ese mismo año, presentaría su dimisión como secretario general ante el inicio de una reclamación de varios millones de euros por parte del gobierno andaluz. Hoy sabemos que le reclaman más de 40 millones de euros y 200 millones de euros en fianzas a los procesados, cantidades solicitadas por la Fiscalía», puso de relieve Macías en su ponencia.

Su suerte, finalmente, se acabó en enero del año 2014, después de que la dirección del sindicato, iniciara una investigación interna que incluyó interrogatorios inquisitoriales a trabajadores, peritajes informáticos, auditoría al software de gestión Spyro, análisis de la documentación publicada, etcétera, llegando al punto de contratar una empresa de contraespionaje informático, Forest Digital, para localizar las denominadas «fugas de información», que sirvieron para finalmente detectar a su informante.

«Entré al infierno empujado por una organización que puso todo su empeño y recursos en localizar a la persona que alertó a los medios de comunicación. La estrategia era más que evidente: silenciar a la persona que estaba dando a la prensa datos exactos y documentación considerada como secreta y confidencial. También buscaban lanzar un mensaje a posibles navegantes para que se mantuvieran en total silencio. Interpusieron una querella criminal por un delito de revelación de secretos y daño al honor, por la que solicitaban una pena de cuatro años de prisión y el pago de 60.000 euros. De forma extraña, con unas pruebas de parte y, un informe plagado de irregularidades que la jueza no detectó. Esto sirvió para ordenar la entrada y registro de mi domicilio el 13 de enero del año 2014″, relata.

El calvario de la jueza Alaya

Por una parte, la acusación particular y el fiscal anticorrupción consideraban que Macías no era alertador de nada. Pues no había acudido a la policía, fiscalía o juzgados. Y, por lo tanto, «simplemente había utilizado datos privados con fines espurios«. Por otra parte, una jueza que intentaba alcanzar la verdad, apoyada en mis declaraciones y revelaciones públicas, «era bloqueada y boicoteada por sus propios compañeros«. Cabe destacar que hasta seis recursos interpuso la Fiscalía Anticorrupción para apartar a la magistrada Mercedes Alaya de la investigación contra el sindicato. Tiempo después diría en una conferencia: «El Gobierno elige al fiscal general del Estado y este a los de
Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción«. Y finalmente añadió que «los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción».

El extrabajador de UGT dio un valiente paso adelante: «No podía quedarme cruzado de brazos ante una injusticia que se estaba cometiendo conmigo, así que me vi condicionado a renunciar a la protección que me daba el anonimato. Una reflexión: ¿para qué quería disfrutar del anonimato si me estaban atropellando? Permanecer en silencio hubiera sido contraproducente, pues en la oscuridad, los demonios son más fuertes. Tuve que sacrificar mi identidad y llevar mi vida privada a la luz pública para lograr cierto blindaje social y garantizar mi seguridad personal y familiar. Tuve mucho miedo, al grado de ser incapaz de salir a la calle por temor a sufrir cualquier tipo agresión».

No era su objetivo quedarse atrapado en el infierno, pues la vida le enseñó a luchar y a enfrentarse a la adversidad, por lo que Macías empezó una ofensiva mediática y social. Los medios de comunicación empezaron a contar el proceso penal al que se enfrentaba y las irregularidades que detectaban, siendo conocido socialmente como la caza de brujas de UGT.

Fue una estrategia que resultó positiva en cierto sentido, pues le permitió conocer a otros alertadores de corrupción y unificar fuerzas, experiencias y recursos que les permitieran resistir el acoso de los poderosos: «Entraba así en un purgatorio que duraría 6 años más. Y digo purgatorio, pues tocaba pasar por un largo y dilatado proceso de desgaste físico, económico, emocional, etcétera. Sin trabajo, sin recursos, sin medios económicos para subsistir ni poder defenderme. Estas dolorosas asimetrías son insoportables y odiosas, pues la organización defiende a los miembros que son leales y ayudan a mantener ocultos sus secretos. Paga a sus abogados, mantiene sus puestos en la estructura, les concede el perdón y la gracia; mientras que, en mi caso, me quieren ver hundido en la más absoluta miseria. Es con la muerte civil con la que quieren castigarme por haber revelado sus actos ilegales».

Durante este purgatorio, Roberto Macías ha podido recomponerse con la ayuda de la sociedad civil y de activistas que creen que es posible otro sistema más justo, transparente y decente

Durante este purgatorio, Roberto Macías ha podido recomponerse con la ayuda de la sociedad civil y de activistas que creen que es posible otro sistema más justo, transparente y decente. En compañía de otros alertadores, empezó a exigir cambios sustanciales en la legislación nacional y europea. «Demostramos que, con nuestras alertas, se pueden recuperar activos, prevenir el fraude y generar una cultura para combatir la execrable corrupción y otras prácticas abusivas», asevera.

Y, en este sentido, la sensibilización social fue fundamental para mover la pesada maquinaria europea. Provocaron que la sociedad se movilizara para exigir una ley integral de protección alertadores; presentaron nuestras iniciativas a grupos políticos; reclamaron en las calles y en las redes sociales la protección de los poderes públicos, etc. Y todo este trabajo rindió sus frutos con la aprobación de la Directiva Europea 1937/2019, vigente desde el 17 de diciembre de 2019, relativa a la protección de alertadores de corrupción. «Fue este día cuando empecé a ver que el paraíso estaba más cerca. Un día especialmente emotivo y especial, pues la fuerza del Derecho de la Unión empezaba posicionarse de nuestra parte», añade.

Aunque está cada vez más cerca del paraíso, Macías sigue instalado en el purgatorio, pues la jueza, en mayo del año 2020, resolvió finalmente su caso y le condenó a dos años de prisión, pago de costas, etcétera, al considerar que no podía beneficiarse de los nuevos derechos, pues dicha norma no había sido transpuesta al ordenamiento jurídico español. En la apelación, volvió a solicitar que se aplicara la directiva de alertadores y que cesaran las represalias que había sufrido durante ocho años. «Aquí debo reconocer al equipo legal que me ha asistido estos años: Rogelio Vargas y Francisco José Sánchez del Águila, por jugarse todo en mi defensa», agrega.

Pero hay más datos que invitan a creer que es posible alcanzar el paraíso para los alertadores. Por ejemplo, con la implementación del Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción en México, existe ya un instrumento realmente útil y eficaz para evitar las posibles represalias contra las personas que decidan informar de irregularidades graves como lo son el cohecho, el peculado y el desvío de fondos públicos. En México, las personas cuentan ahora con un escudo sólido para garantizar la integridad y la seguridad de los alertadores.

«Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena«

«Desde mi perspectiva, el protocolo cumple con esos estándares internacionales que demandamos todas las personas que somos víctimas de la corrupción, pues lo que buscamos es lo que dice Joaquín Sabina en su canción Noche de bodas: «Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena«. Las medidas que recoge el protocolo son realmente las adecuadas y forman parte de las exigencias que reclamamos en este lado del charco, como son: inmediatez en la respuesta por parte de las autoridades; resguardo de la identidad, la protección ante el despido, la suspensión o el cambio de área; conservación del puesto, salario y prestaciones; restricción de actos de hostigamiento; salvaguardar la integridad física y laboral; atención médica y psicológica; asesoría jurídica; provisión de vivienda temporal para la persona alentadora y su familia en caso de riesgo; activación de un canal de comunicación seguro para reportar; vigilancia y patrullaje; asignación de equipo de protección; reubicación temporal o permanente de vivienda; y protección de usos y costumbres; entre otras», desgrana Macías.

«Son medidas que, sin duda, acercan a las personas al paraíso y que nos invitan a creer que es posible denunciar por los canales oficiales, que es una forma segura, rápida y fiable para acabar con la corrupción y la impunidad», apostilla.


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