marifran carazo

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunciando el decreto de los VTC.

Empleo, Política, Sociedad

Rafael Baena, presidente de Elite Taxi, denuncia «traición, amenaza e intento de soborno» por parte de la Junta de Andalucía

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A diferencia de la versión buenista de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, que aseguró haber realizado el decreto para regular los VTC con «el diálogo» por bandera, el representante del sector del taxi denuncia todas las sombras de este texto legal y del proceso de negociación

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, vendió el pasado martes el nuevo decreto ley para la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) como «un resultado del diálogo» con todas las partes interesadas después de 100 horas de reuniones en 20 días. Vino a decir que era la salvación del sector del taxi, que se verá «reforzado y asegurado». «Hemos debatido y negociado con todos los agentes implicados. Estas medidas ayudan a mantener y consolidar al sector del taxi», afirmó. Pero la versión de los taxistas es muy diferente.

Aunque a Rafael Baena, presidente de Elite Taxi en Andalucía, le moleste que los periodistas utilicen los términos guerra o conflicto para describir la confrontación que mantienen con Uber y Cabify (ahora tambien Bolt) desde hace años, la realidad es que ha habido agresiones a coches de estas dos empresas y concentraciones violentas en los últimos años (una de las últimas fue este mismo mes, con lanzamiento de huevos y botellas de plástico para responder a una bofetada que un policía nacional dio a un manifestante, que acabó detenido) para evitar lo que ellos llaman «intrusismo y competencia desleal». De ahí que se utilicen estos conceptos tanto en la prensa como en la calle.

Dicho esto, la versión de Baena dista muchísimo de la de la consejera Carazo, acusando a la Consejería de Fomento de «traición, amenaza e intento de soborno»: «Las reuniones fueron estériles y vacías de contenido. Hubo traición, porque hubo reuniones de hasta cinco horas en las que nos vendían propaganda. Aún a día de hoy no tenemos un documento claro y conciso que diga de qué va el decreto. Hubo amenaza porque se nos ofrece miedo o muerte: nos dicen que o acatamos el decreto (que no conocemos) o nos meten la desregulación salvaje de Madrid. Y también hubo intento de soborno, porque nos ofrecieron, a modo de prebenda, una subvención«.

«Al taxi no le hacen falta limosnas», espeta enfadado Baena, que acusa al Gobierno andaluz de «no haberse leído sus propuestas», al tiempo que critica duramente a Carazo por quitarse el muerto de encima cuando dijo que los ayuntamientos deben ser los que ejerzan el control sobre los VTC para que no circulen por las calles de sus municipios buscando clientes. «Hay mucha opacidad por parte del Gobierno andaluz», asevera Rafael Baena, que emprenderá acciones legales contra este «decretazo».

El contenido del decreto, repleto de buenas intenciones pero falto de medidas concretas

El decreto ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado, ya que sólo podrá haber nuevas si no se ha llegado a la ratio límite de un VTC por cada 30 taxis. «No vamos inundar las ciudades de VTC», ha dicho Carazo.

Además, se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular de forma continuada sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

Carazo anuncia que la formación de los conductores se podría hacer en «centros privados»

También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Asimismo, los VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una mejor protección de los derechos de los usuarios. A este respecto, sorprendió a todos las palabras de Carazo, que dijo abiertamente que la intención del Gobierno andaluz es impulsar que el nuevo certificado de profesionalidad que se cree «se realice en centros de formación privados«, cuando un organismo público lo que debe hacer es defender y potenciar la formación pública al ciudadano.

Además, el decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud (un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5 metros para los cero emisiones).

Por su parte, en base a este decreto ley, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda). Igualmente, se aplicará el régimen sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios. Pero la Consejería de Fomento no informa todavía sobre cuál es esa cuantía tope.

Por último, se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.

El doble de inspecciones

La consejera también ha hecho hincapié en el trabajo realizado en el anterior mandato, en el que se acordó medidas para la modernización del sector del taxi como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas de prestación conjunta del taxi, la implantación del transporte a la demanda en ámbito rural con taxi –con 46 rutas en 70 municipios– y el aumento de las inspección.

Sobre este último punto, la consejería asegura que «ha casi duplicado las sanciones a los VTC». Se ha pasado de 329 sanciones a los VTC en 2018 a 552 en 2021. Además, este año, hasta el mes de julio, se han contabilizado 380 sanciones. «Todo ello es fruto de una intensa negociación con el sector, que hasta la llegada del Gobierno de Juanma Moreno nunca había sido escuchado», ha manifestado.

Implicación de los ayuntamientos

Marifrán Carazo ha incidido en el importante papel que juegan los ayuntamientos en la puesta en práctica de las medidas de modernización del taxi aprobadas con acuerdo del sector en 2021. «Son los ayuntamientos los que tienen que poner en práctica estas medidas de modernización del taxi, el marco legal ya lo tienen», ha subrayado.

Al respecto, ha recordado los convenios que la Junta de Andalucía ha firmado con los consistorios de Málaga, Marbella y Granada y su área de prestación conjunta para la coordinación de los inspectores autonómicos y los policías locales. Un trabajo conjunto en el que se ofrece formación, se da acceso directo al registro de VTC y se facilitan equipos informáticos (tabletas) para facilitar la inspección. «Almería y Córdoba también están en trámites para firmar este convenio de colaboración», ha detallado.

De la Piedra (FAAT): «Nos han engañado»

“Nos han engañado, en esencia nos han engañado”, apuntaba a los periodistas Francisco de la Piedra Vega, representante de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), a las puertas de la cámara andaluza.

Los taxistas consideran que, «de la noche a la mañana y con la mayoría absoluta del PP, el discurso ha cambiado completamente» en San Telmo y se sienten «traicionados» ante el movimiento de la consejería, a la que han advertido de que no dudarán en recurrir a los tribunales.

«Que sepan que vamos a denunciar si prosiguen en esta regulación que pretenden hacer. Ellos sabrán lo qué hacen», apostilló.

Ildefonso Pastor (Uber): «La sensación inicial es que es menos restrictiva que la puesta en marcha en Cataluña o Baleares»

Uber se muestra «satisfecha» por la próxima entrada en vigor del decreto de la Junta de Andalucía que «permitirá mantener el servicio» que presta la empresa, según ha puesto de manifiesto el responsable de Políticas Públicas de Uber España, Ildefonso Pastor, en las jornadas sobre Movilidad Sostenible organizadas por la Cadena SER.

A la espera de analizar la nueva normativa pormenorizadamente, «la sensación inicial es que es menos restrictiva que la puesta en marcha en lugares como Cataluña o Baleares«, que han optado por la «prohibición», con el consecuente «impacto negativo entre los turistas».

En cualquier caso, Pastor ha puntualizado que «habrá que leer la letra pequeña«, pues «hay cosas que nos generan cierta inquietud, como las medidas mínimas que se van a imponer a los vehículos, sobre todo cuando se refieren a vehículos Cero o Eco, que por cuestiones técnicas son más pequeños que los normales«. Sobre este asunto, Pastor ha dicho que hay que «analizar cuáles son los requisitos mínimos que deben tener los coches para garantizar la seguridad y la comodidad del usuario, pero sin poner en riesgo la inversión para la transición a la electrificación».

A fecha de 8 de diciembre de 2021, España cuenta con 46.047 taxis en funcionamiento y con licencia en vigor, un 0,29% menos que en 2018, según los datos de la Estadística del Taxi publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de julio de 2022, hay 17.108 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), lo que supone que, durante el primer semestre de este año, dichas licencias se redujeron en 824 unidades, desapareciendo un 4,6% de las registradas al final de 2021.


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