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El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Comunicación, Política

Presidencia contrata a una empresa sancionada por la CNMC

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El pasado día 3 de marzo, tan solo 11 días antes de ser declarado el estado de alarma, la Consejería de Presidencia adjudicaba un contrato de 180.000 euros para publicitar la Junta de Andalucía en redes sociales

La Junta de Moreno Bonilla se muestra absolutamente insaciable a la hora de pagar publicidad hasta en las redes sociales, dirigida a un público bien definido. El gran hermano Bendodo se lo facilita contratando, a través de su consejería, empresas que colocan su propaganda en redes.

Este gobierno se está convirtiendo cada vez más en una gigantesca máquina publicitaria en vez de en un gobierno de gestión diaria. Las enormes lagunas que tiene en salud -donde tiene el récord absoluto en sanitarios contagiados por Covid-19-; en economía –donde prometió 600.000 puestos de trabajo-; en turismo -donde la inutilidad de Marín lo están condenando como sector estratégico-; en hacienda -donde las reformas fiscales solo benefician a los más ricos-; en cultura… las quiere tapar con el poderoso y caro cemento de la publicidad institucional. Parece que volvemos a la Europa de entreguerras de los años 30 donde el paraíso terrenal se situaba en la publicidad gubernamental.

Así, según el pliego de condiciones, el objeto del contrato indicaba que es «para la planificación estratégica y compra de espacios publicitarios en REDES SOCIALES, así como la ejecución y seguimiento de las acciones de comunicación y de las campañas informativas y divulgativas de la Consejería de la Presidencia, y comprenderá la gestión de las acciones transversales de comunicación institucional de la Junta de Andalucía en dichos medios de comunicación, las financiadas con fondos comunitarios y las desarrolladas por los entes instrumentales. También las acciones que promuevan valores transversales de la Junta de Andalucía o acciones relevantes para amplios sectores de la ciudadanía, incluso si en su mensaje tales campañas puedan incluir contenidos relacionados con competencias o iniciativas de diversas Consejerías. Ejecución y seguimiento de las acciones de comunicación transversales a través de informes postacción, en los que se analicen los resultados, así como la audiencia y cobertura alcanzada».

Las empresas adjudicatarias -continúa el pliego- «tendrán información cumplida de cuáles son los grupos de los públicos objetivos en cada momento, con la antelación suficiente como para que pueda elaborar la planificación de soportes, entre otros la planificación estratégica, reserva y compra de espacios publicitarios (Redes Sociales). Compra de espacios publicitarios en los distintos soportes de las acciones de comunicación transversales que se vayan a realizar, en tiempo real si fuera necesario. En cada acción de comunicación, la empresa adjudicataria deberá presentar la propuesta de planificación detallada, con calendario u óptico de campaña por soportes, y estar evaluada debidamente en términos de impresiones, visualizaciones, reproducciones, alcance exacto, clics, número de fans…».

Una UTE controvertida

El contrato, por valor de 180.000 euros, fue adjudicado a una UTE formada por Media Sapiens Spain SL y El Cuartel Creativo SL el pasado día 3 de marzo, según los datos de que se dispone en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, siendo el objeto contratado la Planificación de medios y compra de espacios publicitarios en redes sociales, así como ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación de la Consejería de Presidencia, administración pública e interior.

Media Sapiens Spain SL tiene de administrador único, según los datos del registro mercantil, desde febrero de 2016 a Sapiens Holding Group SL, quien a su vez tiene de socio único desde mayo de 2015 a Guillermo José Hernández López.

Media Sapiens es la agencia de medios que más contratos de la Administración General del Estado ha ganado desde el año 2015, pese a ser una de las 5 empresas sancionadas por la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia), en mayo de 2018, con 627.890 euros por el intercambio de información comercial sensible con el objetivo de repartirse contratos de publicidad institucional, y también multó a su consejero delegado, Guillermo José Hernández, con 37.000 euros.

«Un cártel»

La CNMC mantenía que se han repartido los concursos basados en el Acuerdo Marco 50/2014 cuatro de las cinco adjudicatarias del mismo. La CNMC explica que la citada conducta supone una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

«Los contactos acreditados entre las empresas sancionadas -dados su contenido y su objetivo- tienen un grado de nocividad suficiente para ser constitutivos de una infracción calificable como un cártel tendente al reparto de mercado con incidencia en las condiciones en que se han ejecutado los contratos de las diferentes campañas», añadía la CNMC. La sanción no es firme, está recurrida y está pendiente de las resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional, por lo que la Junta de Andalucía, de momento, puede contratarla en aplicación del artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La otra empresa de la UTE adjudicataria del contrato, El Cuartel Creativo SL, está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga y tiene desde marzo de 2019 de socio único a Revolution Publicidad SL, quien a su vez tiene de presidente desde noviembre de 2015 a Newcoentreriver SL, representada por Daniel Guillermo Entrecanales Domecq y como consejero delegado a Javier Maldonado Díaz-Ángel. El primero de ellos pertenece al consejo de administración de Acciona. La firma nace de la fusión de Revolution y K-Dreams en 2015. Además, Revolution Publicidad SL aparece como administrador único y socio único de RKA Advertising y Revolution Interactiva SL, y de administrador único de Kadame Solutions SL.

Condena

El 20 de septiembre de 2010, se publicó en prensa que el juzgado mercantil de Madrid condenaba solidariamente a Javier Mendizábal Castellanos y a Revolution Publicidad SL, así como a sus directivos, Juan José Ruiz González y Fernando Gandarias, a indemnizar a Equipo Tres por los perjuicios causados como consecuencia de conductas contrarias a la normativa mercantil.

El origen de la reclamación de Equipo Tres fue la actuación de los condenados en el año 2003, en que todo el comité de dirección de Equipo Tres, liderado por Gandarias y Ruiz, abandonó de forma intempestiva esta compañía para constituir Revolution Publicidad, sociedad a la que se llevaron gran parte de los clientes de Equipo Tres. Según la sentencia, Javier Mendizábal apoyó explícitamente a Revolution, siendo todavía consejero de Equipo Tres.


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One Comment

  1. Avatar M Reyes Fdz Loaysa

    Demostráis así en El Libre, que la corrupción pasa de uno a otro gobierno, con una continuidad encomiable. Misma política sea quien sea el partido e ideología que gobierne. El ciudadano que aún con estos ejemplos, siga poniendo su esperanza en que algún partido cambiará ese estado corrupto de cosas, es bastante duro de mollera: pero la realidad es más tozuda. A ver si llega el momento en que cambie su esperanza, no vuelva a dar su voto a un partido político, y se una con los demás ciudadanos para lograr una democracia.

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