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Opinión, Política

Opositores, funcionarios y laborales encuentran una vía legal para solicitar millonarias indemnizaciones a las Administraciones Públicas

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Según parece, los partidos políticos en España están dispuestos a adoptar medidas para sancionar el abuso del empleo temporal que, desde hace muchos años, han practicado sus cargos públicos sin pudor en todas las Administraciones Públicas

Para llevarlo a cabo, los partidos que gestionaban las administraciones han contado con la abominable cooperación de los legisladores nacionales y autonómicos (ellos mismos), así como de los gobiernos nacional, autonómicos y locales (ellos mismos).

Pero dichas medidas no se aprueban sólo para sosegar las graves críticas procedentes de la UE, sino que, para reducir dicha temporalidad y de paso calmar a los trabajadores afectados para que no se revolucionen, pretenden facilitar a los empleados temporales el ingreso en las Administraciones Públicas de forma fija, a pesar de las graves advertencias legales de inconstitucionalidad al vulnerarse derechos fundamentales (igualdad, mérito y capacidad). Y este tratamiento generalizado a los empleados temporales va a prestarse a pesar de la enorme casuística existente en dicho colectivo, lo cual creará agravios comparativos y desigualdades injustificables.

La UE exige un máximo del 8% de temporalidad en el empleo, cuando actualmente alcanza en España un porcentaje medio del 27,7%. En Andalucía alcanza el 38’2%; el 45’47%, en Cataluña; el 28%, en Galicia; el 45%, en Madrid, y el 42’54% en la Comunidad Valenciana.

Como suele pasar en estos casos de una salvaje corrupción política, cuando se intentan cerrar las vías de agua de una tubería corroída, se generan más vías, extendiendo y agravando el problema. Es decir, los partidos han querido aprovecharse de la temporalidad en el empleo para hacer y deshacer a su antojo en las Administraciones Públicas y han esperado a que la UE les afee sus perversiones para adoptar unas medidas legales que debieron aprobarse desde el ingreso de España en la UE en 1986, lo cual no hicieron los partidos. Ahora van a generar más problemas, y no sólo a los trabajadores afectados por dicho abuso, sino a todos los españoles.

En un extenso reportaje que publiqué en este diario el pasado mes de julio, titulado La ‘estabilidad’ de interinos y otros empleados públicos temporales de las Administraciones Públicas, detallé la manera en la que los partidos han utilizado los poderes públicos para su propio beneficio y en perjuicio de todos los españoles, sin posibilidad de sancionar directamente a los responsables, ya sea en calidad de autores (políticos) o de cooperadores necesarios (funcionarios).

Como viene siendo habitual, este es el comportamiento típico de los partidos políticos en la partidocracia que rige desde 1978 en España como sistema político: usar el derecho en beneficio propio, aprovechando la ausencia de representación de la nación y de separación de los poderes del Estado, es decir, valiéndose de la fusión de los poderes legislativos (parlamentos) y ejecutivos (gobiernos), sin que la nación o pueblo español tenga la posibilidad de evitarlo.

Funcionarios, laborales y opositores prevén la presentación de reclamaciones patrimoniales a las Administraciones Públicas, exigiendo indemnizaciones

Las medidas anunciadas por los partidos para solucionar el grave problema, que ellos mismos han creado a conciencia, podrían generar una avalancha de peticiones de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por autoridades y personal de las distintas Administraciones Públicas a opositores, funcionarios, estatutarios y laborales, que podrían ver lesionados sus derechos a promocionar. Existen motivos suficientes para que estos últimos puedan exigirlas y podrían ascender a cantidades millonarias.

Para ello, sería necesario analizar lo siguiente:

  • Regulación legal de las ofertas de empleo público, de los empleados temporales (interinos, eventuales y laborales) y fijos (funcionarios, estatutarios y laborales fijos) y de las pruebas selectivas y de provisión.
  • Expedientes laborales de los empleados temporales (nombramientos, contratos, reubicaciones, etcétera).
  • Expedientes de pruebas selectivas (oposiciones, concurso-oposiciones y concursos) y de provisión de puestos (concursos de méritos y traslados), así como las sustracciones de puestos ocupados por los empleados temporales en dichas pruebas.

Si se conjugan adecuadamente todas las variables en juego, uno descubre el entramado urdido por los partidos para aprovecharse de la temporalidad en el empleo público, un abuso de poder más a añadir a tantos abusos. Y lo más importante a los efectos de las reclamaciones, dicho análisis revela un nexo causal directo entre las causas -acciones y omisiones de los poderes públicos- y los efectos -daños y perjuicios a opositores, funcionarios, eventuales y laborales fijos-, como he comprobado personalmente.

Téngase en cuenta que la lesión sería consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sería efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, tal como dispone la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) para exigir las indemnizaciones correspondientes.

Cualquier funcionario, estatutario, laboral fijo u opositor podría presentar la correspondiente reclamación patrimonial si se viera perjudicado por las medidas previstas, teniendo en cuenta la amplia casuística existente entre los empleados temporales y las numerosas ilegalidades cometidas por las Administraciones Públicas, con la cooperación de los legisladores.

Casuística

Además, ha de tenerse en cuenta que, en la Ley 40/2015, se ha previsto que la responsabilidad del Estado legislador podría surgir, cumpliendo ciertos requisitos, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. En este caso, procedería su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

Para demostrarles que es viable, el TSJA dictó una sentencia firme en los años 90 estimando una demanda de reclamación patrimonial presentada por un funcionario de la Junta de Andalucía que ocupaba un puesto base (nivel 20), al haberse ofrecido a varios funcionarios de nuevo ingreso plazas de estructura (de niveles superiores al básico en el que suelen ingresar los nuevos funcionarios) sin habérsela ofrecido previamente a los funcionarios de carrera que habían ingresado en pruebas selectivas anteriores, una lesión que tuvo que reparar la Administración andaluza.

El TSJA analizó el daño producido, y obligó a la Administración a ofrecer al reclamante los puestos de estructura que se ofertaron a los funcionarios de nuevo ingreso (varios años antes de dictarse la sentencia firme) para que se le adjudicara el puesto que eligiera con preferencia a aquellos, con todos los efectos administrativos que conllevaba desde entonces. Dicha adjudicación implicaba, además de la consolidación del grado personal (23, al ser del Grupo A), la percepción de los complementos asignados al puesto elegido -que no había cobrado desde entonces- más los intereses correspondientes. Dicha indemnización económica fue superior a los 30.000 euros.

¿A cuánto podrían ascender las indemnizaciones si sólo unas decenas de miles de estos últimos las reclamaran legalmente, con cierta probabilidad de ser estimadas? ¿1.000, 2.000 ó 3.000 millones de euros?

Si en España hay alrededor de 800.000 empleados temporales, muchos como consecuencia de vulneraciones constantes del ordenamiento jurídico, y los funcionarios, estatutarios y laborales fijos superan el millón y medio de empleados que podrían verse perjudicados por las medidas a adoptar por los partidos políticos, algunas con claros visos de inconstitucionalidad, ¿a cuánto podrían ascender las indemnizaciones si sólo unas decenas de miles de estos últimos las reclamaran legalmente, con cierta probabilidad de ser estimadas? ¿1.000, 2.000 ó 3.000 millones de euros? ¿Han previsto los partidos políticos el coste que podría suponer para todos los españoles una avalancha de reclamaciones patrimoniales? Por supuesto que no, porque a ningún político le costará un solo euro, aprueben lo que aprueben.

Por otro lado, en caso de ganarse las reclamaciones patrimoniales, el coste a pagar por las Administraciones Públicas debería ser repercutido, según la ley, en el patrimonio personal de las autoridades y funcionarios responsables. Sin embargo, este deber legal, que se conozca, no ha sido ejercido por ninguna Administración Pública, porque ya saben que perro no come perro. ¿Se imaginan a un cargo político del PSOE, PP, VOX, IU, Podemos, Ciudadanos, etcétera, exigiendo directamente la responsabilidad patrimonial personal a otros cargos de su propio partido? Con esta partidocracia, les aseguro que no lo verán en ninguna Administración Pública.

Como es habitual, dicho coste sería pagado por todos los españoles, que siguen mirándose el ombligo como hacían los idiotes griegos en vez de mandar a hacer puñetas o al carajo a tantos políticos vividores de lo ajeno, sean del color que sean, que nos están arruinando sin miramientos.


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4 comentarios

  1. Avatar Angeles Suarez Pozo

    Yo creo que la lucha obrera, en líneas generalizadas, se centra en
    tener un puesto de “trabajo fijo” y más o menos bien remunerado.

    Esa tranquilidad solo la da pertenecer al Estado.

    Es por ese motivo que opino que todos deberíamos de ser empleados públicos.

  2. Argumenta el gobierno para perpetrar está fechoría y despropósito que hacerlos funcionarios de carrera por la cara es mejor que pagar indemnizaciones, ¿mejor?, mejor para los miles de enchufados por ellos mismos, que se harán con una plaza pública fija sin haber pasado por una oposición, peor aún, sin haber visto un examen de cualquier otro tipo, perjudicando a funcionarios de carrera, opositores y ciudadanos en general. Sánchez se agarra al sillón y aprueba leyes como esta de la temporalidad a base de dar dádivas millonarias a sus socios nacionalistas y transigir en otras tantas cosas rocambolescas con sus socios. En resumen para acceder a una plaza de funcionario de carrera, igualdad, mérito y capacidad, no hay más.

    • Avatar Compostelán

      Los enchufados ya están dentro, los otros somos los abusados, que ya accedimos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, por lo que no es un problema de acceso, lo es de abuso de temporalidad, pues se han incumplido todas las norma internas que lo habrían evitado, además parece que nos olvidamos de la necesidad de adaptarse a una Directiva europea, por lo que ya tendrían la herramienta, que es ni más ni menos lo mismo que se ha aplicado en el derecho laboral, lo que pasa es que lo siguen haciendo mal, y al final establecen un sistema que va a perjudicar a mucha gente, con lo fácil que hubiera sido inspeccionar los puestos afectados y establecer la figura de fijo a extinguir, sin afectar a promociones ni accesos de opositores, pues debemos recordar que en los próximos 5 años un 30% del funcionariado se irá jubilando. Pero en fin prefieren que nos canibalicemos, yo prefiero no entrar en guerras civiles y centrarme sólo en puntualizar que las AAPP han creado un problema, que Europa vigila y que hay más de 800.000 familias afectadas por el mal funcionamiento de nuestros dirigentes políticos.

  3. Avatar Empleado público abusado

    Ningún funcionario que no haya pasado por el calvario de estar toda su vida laboral con la mierda pegada al culo, sin poder planificar su futuro, sin saber dónde estará mañana ni atreverse a formar una familia por no tener claro si la podrá alimentar o pagar una educación sabe lo que es estar abusado por la administración y sufrir ese abuso y ese miedo a lo que vendrá mañana, soy bombero interino, en mi trabajo la última oposición fue en 2008, en la cual aprobé sin plaza, llevo siendo opositor desde varios años antes y los 13 siguientes hasta el día de hoy, mis superiores siempre me decían que el año próximo convocarían las oposiciones, me he dejado las pestañas estudiando mil temarios y no tengo ningún músculo o articulación en mi cuerpo sin lesiones por exceso de entrenamiento y ahora con 50 años se supone que me tengo que medir “en igualdad de condiciones “ con gente de 20 años? Donde está la igualdad? Quien prima mi experiencia? Ningún opositor puede darme lecciones porque no son como yo lo soy, víctimas del abuso de mi administración, ahora reclamo y exijo como víctima una indemnización en forma de fijeza acorde con la normativa europea y que además sale a coste cero a la ciudadanía y quiero que sirva como sanción a la administración para que los ahora opositores no vuelvan a sufrir el abuso que yo he sufrido.

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