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El juez José Ignacio Vilaplana. / EP

Política, Tribunales

El juez dicta auto de apertura de juicio oral en dos piezas separadas del caso ERE por las ayudas a Mercasevilla y Río Grande

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El magistrado Vilaplana abre juicio oral contra 11 investigados en la pieza de Mercasevilla por prevaricación, malversación y falsedad documental. En la causa de Río Grande, el instructor abre juicio oral contra nueve personas por prevaricación, malversación, falsedad y tráfico de influencias

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado sendos autos de apertura de juicio oral en las piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centradas en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Río Grande Sevilla SL y a Mercasevilla SA, declarando en ambos casos a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para su enjuiciamiento. 

De este modo y mediante un auto dictado el día 8 de octubre y notificado este miércoles a las partes personadas, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra 11 personas investigadas en la pieza separada incoada por las presuntas irregularidades en las ayudas de la Junta a Mercasevilla para los ERE de los años 2003 y 2007 tras recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP-A y Mercasevilla.

En el caso de Mercasevilla, el auto de apertura de juicio oral se dirige contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro; y Francisco Limón, administrador de la sociedad Hermes Consulting.

En este sentido, el juez abre juicio oral contra los 11 acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra ocho de ellos por un presunto delito de falsedad documental. Además, abre juicio oral contra las entidades Magina Solutions SL y Hermes Consulting SL en calidad de responsables civiles subsidiarios, así como contra la entidad Mercasevilla como responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo. 

El juez precisa en este punto que la pretensión del Ministerio Fiscal de que se decrete la apertura de juicio oral contra Mercasevilla en calidad de partícipe a título lucrativo “debe tener acogida” teniendo en cuenta que, “a consecuencia de las ayudas ilícitas concedidas a Mercasevilla, dicha mercantil se habría visto clara y directamente beneficiada al obtener -injustamente- fondos con los que dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales y laborales”. 

El instructor, asimismo, requiere a los 11 acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que en algunos casos alcanzan los 4,8 millones de euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada. El juez, en este sentido, impone a Mercasevilla una fianza de 4,3 millones de euros. 

Río Grande Sevilla

De igual modo y en un segundo auto fechado también el día 8 de octubre y notificado ayer a las partes, el magistrado abre juicio oral contra nueve personas acusadas por las ayudas a Río Grande Sevilla SL una vez recibidos los escritos de acusación del Ministerio Público, la Junta de Andalucía y el PP-A. 

Entre los nueve encausados en esta pieza separada del caso ERE, se encuentran la administradora única de la mercantil; varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, de la entidad Atrado Mensajería SL y de un bufete de abogados, y un intruso -persona que fue incluida como beneficiaria de una póliza de seguro pese a que nunca habría sido trabajadora de Río Grande-. 

Así, el juez abre juicio contra los nueve investigados en esta pieza separada del caso por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito continuado de falsedad documental, y contra uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de influencias. En este sentido, también abre juicio oral contra Río Grande Sevilla, el referido bufete de abogados y Atrado Mensajería en calidad de responsables civiles subsidiarios. 

El juez, en este caso, también requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas -que oscilan entre 1,9 millones de euros y 165.000 euros- para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma reclamada.

La pieza separada de Siemens Metering

Asimismo, Vilaplana ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra cinco personas investigadas en una pieza separada del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Siemens Metering SA (Landis & Gyr SAU) por un importe aproximado de 1,5 millones de euros. 

En un auto fechado el día 8 de octubre, el magistrado toma esta decisión «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación. 

Entre los cinco investigados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran dos responsables de la mediadora Vitalia SA, Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo; dos directivos de Siemens Metering, en concreto el director administrativo y financiero Joaquín J. D. y el director general Félix R. P., y el responsable sindical y presidente del comité de empresa, Manuel M. R. Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra las entidades Siemens Metering y Vitalia. 

Antonio Albarracín, responsable de Vitalia SA.

El instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero -ya fallecido-, pues «ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta«, siguiendo así el criterio «a tal efecto establecido» por la Sección Séptima de la Audiencia mediante auto de 7 de junio de 2019, donde confirma la exclusión en esta causa de Guerrero. 

En el auto, el juez precisa que el objeto de esta pieza separada «lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales» concedidas «de manera ilícita y arbitraria» a la empresa por parte de la Dirección General de Trabajo entre los años 2002 y 2004 por un importe de «al menos» 1.524.718,97 euros para el pago de un seguro de prejubilación de los trabajadores afectados por el ERE, una ayuda que «habría sido negociada y comprometida en el marco de la negociación de dicho ERE, tal y como resulta del acta de acuerdo empresa-trabajadores de 12 de abril de 2002«. 

Asimismo, según agrega el magistrado, «los hechos delictivos por los que se procede aparecen vinculados con la disposición arbitraria de fondos para el pago de unos supuestos servicios de Vitalia SA documentados en factura de dicha consultora, por importe de 67.744 euros». 

El juez considera que, de lo actuado, se deduce que las ayudas concedidas a Siemens Metering «carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad», a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo «sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (…), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos». 

Según el juez, las ayudas se concedieron «sin solicitud formal» por parte del beneficiario 

Según el magistrado, «estas ayudas constituyen una verdadera subvención a la empresa en cuanto que el destino de las mismas era financiar el coste de las relaciones laborales y las consiguientes obligaciones que de las mismas se derivaban para la correspondiente mercantil empleadora«, de forma que «el destino de estas subvenciones habría sido el de financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordado entre la empresa y sus trabajadores en la tramitación del correspondiente ERE, siendo la forma de pago de dicha indemnización la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores».

Por consiguiente, prosigue el instructor, estas subvenciones «habrían de corresponder al ámbito laboral al atender obligaciones surgidas para la empresa durante la existencia de la relación laboral del correspondiente trabajador y antes de que ésta se extinga«, punto en el que indica que «si las subvenciones corresponden a dicho ámbito y dado que la Junta habría establecido un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social distinto al regulado por el Estado, se habría vulnerado la competencia exclusiva que en favor de éste establece» la Constitución Española. 

El magistrado, asimismo, pone de manifiesto que las subvenciones se concedieron «sin análisis económico alguno realizado por la Junta que pusiera de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario (especialmente en lo que se refiere a que Siemens Metering no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas por la Junta)». El juez apunta que «tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo». 

Acciones ilegales

Además, las correspondientes ayudas «se concedieron sin solicitud formal de las mismas por parte del beneficiario -en legal forma-, sin resolución motivada de concesión y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y justificación del fin y destino de las ayudas«, no constando «que se haya formulado solicitud formalmente válida, previa a la resolución de concesión de la ayuda, lo que desvirtúa por completo el carácter del procedimiento y resulta completamente imprescindible a la hora de conceder una subvención excepcional». 

El juez añade que, en este caso, «no se trata, pues, de la omisión de trámites esenciales -que también harían operativa la nulidad de pleno derecho en vía administrativa, conforme a jurisprudencia y doctrina constantes-, sino lisa y llanamente, de la omisión de todo el procedimiento, pues éste no puede empezar por donde debe terminar«, a lo que se suma, además, que la selección de las correspondientes entidades aseguradora y mediadora «se habría llevado a cabo de forma arbitraria, sin observancia de procedimiento administrativo alguno; siendo así que, incluso, Vitalia -entidad que intervino como mediadora en las pólizas de seguro suscritas como mecanismo ilícito de financiación de las ayudas- no tenía autorización para operar como correduría de seguros en Andalucía«.


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