inmaculada nieto

La portavoz del grupo parlamentario de IU y Podemos en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto.

Empleo, Política

El grupo formado por IU y Podemos en el Parlamento andaluz despide a 16 trabajadores

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«Se nos ha despedido sin justificar los motivos legalmente, lo que nos ha dejado indefensos. Los despidos se produjeron, de hecho, mucho antes de que se cuestionase la continuidad de la subvención. Ésta, finalmente, no ha sufrido modificación, por lo que no es excusa», afirman los afectados, que ya han denunciado la situación en los juzgados

Los 16 despedidos del Grupo Parlamentario (GP) por iniciativa de IU Y Podemos denuncian la vulneración de nuestros derechos como trabajadores. «Mantienen la misma subvención con ocho que con 17 parlamentarios, por lo que pedimos solidaridad con los trabajadores y apoyo para que den marcha atrás, nos readmitan, y nos paguen lo que nos adeudan», en palabras de Zoe Arcanio, exdelegada sindical de CGT en el GP mencionado.

«Se nos ha despedido sin justificar los motivos legalmente, lo que nos ha dejado indefensos. Se produjeron, de hecho, mucho antes de que se cuestionase la continuidad de la subvención. Ésta, además, no ha sufrido modificación, por lo que no es excusa. Nuestros contratos no eran contratos de confianza y no habían finalizado. Y se nos ha despedido en medio de la legislatura, sin ajustar esos despidos al estatuto de los trabajadores», sentencian los afectados.

Esos despidos se han producido después de bloquear las elecciones sindicales y despedir a la delegada de la sección sindical de CGT (compuesta por la casi totalidad de la plantilla), lo que «impidió la legítima representación y defensa de los trabajadores». Tal es la vulneración que el propio sindicato, que bloqueó las elecciones en su momento, ha retirado la impugnación.

«Se nos debe dinero de preaviso, vacaciones y antigüedad»

Según Arcanio, se les ha despedido con los elementos más devastadores de la reforma laboral. Además, sin preaviso, sin vacaciones no disfrutadas y sin antigüedad. «Por si fuese poco, se nos despide con aviso de «no cobro de deuda» si no firmamos conforme. Ha habido despidos conocidos antes por el SMS de la Seguridad Social que por el propio burofax. Se nos debe dinero de preaviso, vacaciones y antigüedad, en algunos casos por no firmar conforme y, en otros, sin contacto alguno previo al despido», pone de relieve la exdelegada sindical.

«Teníamos organizada nuestra vida y economía y, en medio de una pandemia y crisis sin precedentes, Podemos e Izquierda Unida nos han despedido sin considerar que somos personas que hemos estado trabajando en múltiples tareas y dando lo mejor. De un día para el otro. No entendemos que un partido de izquierda nos trate de esta forma», apuntalan los empleados despedidos.

No tenían contratos de confianza, no eran asesores, sino que tenían contratos laborales regidos por el estatuto de los trabajadores. «La pérdida de confianza hay que demostrarla previamente y eso no se hizo, lo que nos deja en una situación de indefensión para poder defendernos», afirman los afectados. Los tribunales ya tienen la denuncia de vulneración de derechos de los 16 después de que fracasara la mediación en el CMAC.

Por todo ello, «pedimos que todos los grupos parlamentarios (a excepción de Vox) y la propia Mesa del Parlamento se solidaricen con los trabajadores y soliciten a IU y a Podemos que den marcha atrás, nos readmitan y paguen lo que adeudan«.

Situación tensa en la izquierda andaluza

Las funciones de estos 16 empleados eran de finanzas, periodísticas, administrativas y de atención al público, entre otras. Los despidos se han realizado en cascada y con la rúbrica de Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario IU-Podemos, y la complicidad de Martina Velarde, secretaria general de Podemos en Andalucía, tras la confrontación del año pasado con Teresa Rodríguez y sus adeptos, que tuvieron que salir de esa formación parlamentaria por diferencias irreconciliables.

Precisamente, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó Rodríguez contra la expulsión del grupo del que fue cabeza de cartel en las pasadas elecciones autonómicas. Si el Constitucional decidiese adoptar las medidas cautelares pedidas por Rodríguez y revertir, por tanto, la expulsión hasta que decidiera resolver sobre el fondo del asunto, ello daría un giro a la situación de la izquierda en Andalucía.


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