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La sede de la TGSS ubicada en la calle Pablo Picasso de Sevilla.

Empleo

Crítica a los responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla por contratar a «una empresa de seguridad pirata»

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El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) de Sevilla recrimina a los responsables de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Sevilla el «haber permitido -conociendo plenamente sus espurias intenciones y sus fraudulentos planes para conculcar los derechos laborales de los vigilantes adscritos al servicio en ese edificio concreto- que el contrato público por el que se regulan los servicios de seguridad en sus instalaciones haya sido transferido a la empresa Secupol Seguridad»

Mañana martes, 21 de junio de 2022, a instancias y por iniciativa del SPV Sevilla, desde las 11:30 horas hasta las 13:00 horas, se ha convocado una concentración a las puertas de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (sita en la calle Pablo Picasso, 8, de Sevilla) para exigir a los responsables del organismo público en cuestión que «cumplan con sus obligaciones y conminen a la nueva empresa adjudicataria –Secupol– a que obedezca, observe y respete escrupulosamente la legislación y subrogue, tal y como contempla la normativa laboral en vigor, a la totalidad de la plantilla de vigilantes de seguridad».

«No vamos a permitir que las empresas piratas continúen campando a sus anchas con la connivencia de las Administraciones Públicas ni vamos a arredrarnos a la hora de plantarles cara ante esos rábulas de postín y leguleyos de pacotilla que, estando al frente de empresas incumplidoras, se jactan de haber salido airosos en otras ocasiones en las que, con toda la impunidad del mundo, también abusaron de sus trabajadores», ponen de relieve desde el sindicato.

«Que las expulsen definitivamente del sector público»

Desde SPV, «no cejaremos en nuestro empeño por erradicar del sector de la seguridad privada a las empresas fraudulentas». «Por ello, exigimos a los poderes e instituciones que las expulsen definitivamente del sector público y eviten que sigan aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los impuestos de todos», denuncian.

Estos representantes de los vigilantes consideran esencial que, para garantizar la igualdad de oportunidades en el libre desarrollo de la actividad económica en condiciones justas, «las autoridades han de asumir y acatar su obligación primordial: cumplir y, sobre todo, hacer cumplir la ley».


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