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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Opinión, Salud

Caza de brujas, superstición y pseudociencias

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Isabel Diaz de Ayuso justifica el encierro de casi un millón de personas y las nuevas medidas restrictivas en la detección de 1.000 positivos para Covid-19 cada 100.000 habitantes. Que en su opinión una incidencia del 1% de nuevos casos sea «una cifra gravísima» podría evidenciar que continua ahorrando en asesoría experta

Lo que es grave es que equipare contagios con pruebas diagnosticas positivas sin información clínica veraz ni coherencia con la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad. ¿En que evidencia científica se basan las medidas impuestas a partir del lunes en Madrid?

El consejero de sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sostiene que reducir los contactos implicaría reducir el riesgo de transmisión. Si no fuera por la experiencia de los meses pasados, considerada en comparación con la de otras gestiones europeas, cabría alguna duda sobre el sentido sanitario y la proporcionalidad de la medida. Pero con las cifras a la vista, es muy difícil creerle. Más aún si el aislamiento se asemeja a una reclusión racista de personas que pueden desplazarse hacinadas para ir a trabajar. ¿Cuáles son los contactos que se estarían reduciendo?

Ante la falta de evidencia científica que sostenga su estrategia, Ayuso (igual que otras autoridades locales) está lanzando campañas de testeos masivos a la población. Para Madrid se anunció la realización de un millón de pruebas para diagnosticar casos Covid-19, para Andalucía otro tanto. Ni siquiera la autonomía universitaria ni la reflexión científica en los claustros son inmunes a los cribados generalizados. Pareciera que, de repente, hubieran recordado aquella famosa frase del director general de la OMS insistiendo en los test. Sin embargo, lo que olvidan es su contexto. 

A mediados de marzo, con menos de 7.000 muertes asociadas a la Covid-19, la insistencia en hacer pruebas se refería a la importancia de complementar el diagnóstico clínico. Y, de haber seguido ese consejo, quizás se podrían haber identificado con claridad las personas infectadas, se las podría haber aislado y, a consecuencia de ello, se hubiera podido evitar la escalada de contagios evitando o minimizado el confinamiento de la población sana y la debacle social y económica que implica. No, no es recomendación a posteriori, es lo que se hizo en Corea del Sur y lo que muchos profesionales recomendaron hace seis meses: una gestión sin superstición ni pseudociencia.

La cuestión de los testeos masivos

Volvamos a la cuestión de los testeos masivos. A esta altura dejó de preocuparnos que haya o no comité científico. Con que los consejeros de salud lean los informes del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid o de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas sería más que suficiente. Las recomendaciones de los médicos son muy claras: sin síntomas, no se debe realizar ninguna prueba; la detección de anticuerpos no es recomendable en población general (salvo para estudios de seroprevalencia); y cuando existe sospecha clínica de infección corresponde realizar test RT-PCR. Para el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, los criterios son similares: «Las personas con síntomas deben hacerse la prueba lo antes posible después de la aparición de los síntomas». ¿Acaso todas estas instituciones también están copadas por negacionistas y conspiranoicos?

Sólo en concepto de kits de diagnóstico rápido de Covid-19, entre Madrid y Andalucía se gastaron 9 millones de euros de dinero público. A los que habría que sumar el gasto en la logística del dispositivo y en personal que, por otra parte, implica que menos enfermeras y otros profesionales sanitarios estén disponibles para actividades de atención primaria. Aunque Ayuso y Sánchez están de acuerdo en que los sanitarios de las Fuerzas Armadas realicen los test de antígenos, desde los mandos militares se admite la falta de personal sanitario también en el ámbito castrense desde hace meses.

El publicitado test de antígenos de Abbot, que se pretende utilizar masivamente en España (Panbio Covid-19 Ag Rapid Test), ni siquiera está aprobado por la FDA en el actual contexto de bajada de estándares de calidad debido a la pandemia. Más aún, se trata de un test considerado como no aceptable en condiciones de baja prevalencia por los científicos de la Norwegian Quality Improvement of Laboratory Examinations (Noklus).

La indicación de utilidad de los test de Abbot no genera dudas, sirven para ser usados en personas con sospecha de infección actual. Es decir, no tiene sentido usarlo en papayas, ni cabras ni son de utilidad sanitaria en personas sin sintomatología compatible con la Covid-19. Como muchos otros medicamentos y productos de la industria farmacéutica, la fiabilidad del test de Abbot se determinó en base a un estudio clínico donde participaron 60 personas con RT-PCR positiva y 181 con resultado negativo.

El estudio de Abbot no ha sido publicado en ninguna revista científica con revisión por pares. ¿Parece poco para avalar una compra de 9 millones de euros y el simulacro sanitario de los próximos días? Lamentablemente, es el trasfondo casi supersticioso de muchas intervenciones médicas basadas en las recomendaciones poco transparentes de la industria farmacéutica.

En base a esa escasa evidencia experiencial que difícilmente se pueda calificar de científica (ya que no sigue tal metodología), el laboratorio informa de una sensibilidad del 93,3% para pacientes que se sospecha infectados. Puede parecer alto, pero, según el Estudio de Seroprevalencia, los test que indicaban una sensibilidad teórica del 100% no alcanzaron ni el 90% de detección de verdaderos positivos. La sensibilidad se debe corroborar/calibrar con el diseño estadístico, porque cambia con el contexto de evaluación según la proporción de personas infectadas que se estime en la muestra.

Si las pruebas diagnósticas no se utilizan en las condiciones para las que fueron diseñadas, es difícil asumir que el despilfarro de fondos públicos sirva para algo distinto que la caza de brujas

Veamos con un ejemplo concreto de cómo funcionaría esta prueba en Madrid. Se acaba de anunciar que se realizarán 1 millón de test y, como la incidencia actual de la Covid-19 se acerca al 1%, cabría esperar que haya unas 10.000 personas infectadas. Sin embargo, si la sensibilidad y la especificidad de las pruebas fueran la que informa el fabricante, se detectarían como positivas unas 15.000 personas, de las cuales cerca de 6.000 darían positivo sin estar enfermas. No se trata de que detecten asintomáticos, se trata de que un test diseñado para confirmar diagnóstico clínico con persistencia de síntomas compatibles, usado de manera generalizada en contexto de baja incidencia como el actual, no es fiable. Cuando la incidencia de casos en la comunidad de Madrid era más de 11 veces mayor que la actual, la sensibilidad teórica de los test cayó más del 10%.

La probabilidad de que una persona dé positivo estando infectada (en este caso enferma con Covid-19) es muy diferente de la probabilidad de que una persona esté infectada habiendo dado positivo en un test. Parece un juego de palabras pero no sólo no lo es sino que la distinción entre ambas probabilidades es crucial para evitar estigmatizaciones y medidas desproporcionadas, incluso lesivas para la salud de la mayoría de la población.

En el contexto de la Covid española y con las secuelas de la gestión sanitaria aún en carne viva, parece indispensable que las medidas que se toman tengan algún asidero científico. De no ser así, se seguirá sosteniendo la gestión en base a supersticiones y pseudociencias. Supersticiones como la creencia en que el confinamiento generalizado y la imposición del malvivir, especialmente para los sectores más marginalizados y precarios, pueden tener efectos positivos para la salud de la mayoría de la población.

Pseudociencia como la que resulta del uso de indicadores científicos fuera de sus contextos de validez. Si las pruebas diagnósticas no se utilizan en las condiciones para las que fueron diseñadas, es difícil asumir que el despilfarro de fondos públicos sirva para algo distinto que la caza de brujas. Y sería más barato poner en cuarentena mediante asignación de números de lotería. Y encima, casi igual de eficaz.


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