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El presidente de BBVA, Carlos Torres.

Economía, Empleo

BBVA, que obtuvo un beneficio de 1.305 millones en 2020, quiere echar a la calle a cerca de 4.000 empleados

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Se abre la veda de los ERE en la banca. Tras el mayor despido de trabajadores bancarios de la historia de España proyectado por CaixaBank, ahora le toca el turno al banco que preside Carlos Torres. ¿Podrán las negociaciones sindicales y la presión del Gobierno evitar estos despidos masivos?

La cosa va de oportunismo y conveniencia. BBVA tuvo un beneficio neto de 1.305 millones de euros en 2020, un 62,9% menos que un año antes, debido a las provisiones para afrontar la crisis del coronavirus y al deterioro del valor de su filial en Estados Unidos, vendida en noviembre pasado, que ha supuesto un cargo de 2.084 millones. Las cuentas se benefician de la venta de los seguros a Allianz, que supuso unas plusvalías de 300 millones.

Aún así, ha decidido seguir los pasos de CaixaBank y quitar aún más valor añadido a sus productos echando a la calle a 3.798 empleados y cerrando más de 200 oficinas. Esta decisión significa que el grupo, cuyo antiguo lema era Adelante y ahora Creando oportunidades, da 20 pasos atrás en la mejora de las condiciones generales de su plantilla y lo que va a crear es paro, dejando sin servicio a miles de clientes que necesitan realizar sus gestiones bancarias presencialmente. Y hay que recordar que este ERE en BBVA no se realiza bajo la excusa de una fusión, por lo que los sindicatos han anunciado ya movilizaciones para impedirlo.

Un dato esclarecedor para los que piensan que estas regulaciones laborales son inevitables: su presidente, Carlos Torres, ganó 3 millones de euros en 2020, el año del mazazo pandémico, el año en el que tantos autónomos se arruinaron y tantas empresas tuvieron que cerrar. No queda ahí la cosa: los consejeros de BBVA cobraron entre 125.000 y 570.000 euros (más variables) en 2020. Sin olvidar las comisiones abusivas de mantenimiento de cuenta y de mantenimiento de tarjeta si no pasas por el aro de sus productos bancarios.

Si ya el servicio de atención al cliente de BBVA hacía aguas (igual que el de CaixaBank y el del resto de bancos de este perfil), con casos como el que denunció EL LIBRE en el artículo El BBVA discrimina a una clienta por no saber manejar la banca on line, ahora que habrá menos gestores y menos oficinas, ¿quién atenderá a ese ingente número de personas que solo pueden tramitar sus actividades bancarias de forma presencial? A día de hoy, millones de personas mayores en España no saben lo que es la digitalización.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri. / EFE

Por su parte, el presidente del nuevo CaixaBank que surge tras la fusión, José Ignacio Goirigolzarri, cobra 1,6 millones de euros anuales, el triple de lo que ganaba cuando presidía Bankia. Para más inri, cuando estaba al frente de Bankia, Goirigolzarri declaró una vez que «el sueldo de los directivos tiene que adaptarse al momento que viven las entidades«.

Recibieron ayudas públicas que no han devuelto

Asimismo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pidió a las entidades que han planteado estos despidos que deberían recordar las ayudas públicas recibidas durante la anterior crisis, que les permitió «limpiar sus balances con ayudas públicas, incluso con la asunción de deuda por parte del Estado en la Sareb«.

Desde Bruselas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afeado a los bancos que «no son tiempos para plantear ERE» y ha defendido que todos deben remar hacia el «mantenimiento del empleo».

No lo entiende así BBVA, que llevará a cabo 3.000 bajas en la red de oficinas, alrededor de un 21% del total, mientras que de los servicios centrales saldrían las 798 personas restantes, el 5%. En cuanto al plan de reducción de 530 sucursales, la región más afectada sería Cataluña, que vería echar el cierre a 204; a continuación se situaría la zona centro, con 101, principalmente en Madrid y Castilla-La Mancha; 76 de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; 59 de Galicia, Asturias y Castilla y León; 41 de País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón; 35 de Valencia, Baleares y Murcia; y 14 de Canarias.

Errejón: «Algo se está haciendo profundamente mal»

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que el Gobierno «tiene que tomar cartas en el asunto para evitar la oleada de despidos». «Algo se está haciendo profundamente mal: empresas que ganan mucho dinero, piden rescate o ayudas públicas, viven cómodamente y cuando se acaban, ponen a la gente en la calle«, ha lamentado Errejón, que en una rueda de prensa celebrada en el Congreso ha planteado endurecer la condicionalidad de las ayudas públicas, incluido el de los ERTE.

Un modelo que, ha dicho, «en un momento dado fue útil» pero que debe «ir transitando hacia otro modelo» con «condicionalidad». En realidad, el actual sistema de protección al empleo de los ERTE conserva una condicionalidad según la cual las empresas deben mantener todo el empleo en un plazo de seis meses, la conocida cláusula de salvaguarda, o devolver toda ayuda recibida.

«Se tiene que acabar esto de que, a las malas, resulta que recibes ayudas públicas que pagamos todos, y cuando parece que empiezas un poco a salir, lo primero que haces no es recortar los beneficios de los de arriba, sino poner a miles de trabajadores de patitas en la calle«, ha criticado, recordando que al inicio de la pandemia se exigió un esfuerzo a la ciudadanía y ahora «hay que exigir a quienes más tienen y han recibido muchas ayudas».

También ha llamado a actuar contra este tipo de medidas por su efecto en la propia recuperación. Así, ha señalado que se trata de «una política cruel, injusta, pero que además puede agravar la crisis«, y ha explicado que los despidos suponen «miles de familias» que, al estar sin trabajo, «tienen menos dinero para consumir y reactivar la economía de cercanía y de pymes».


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